El PP acusa al PSOE de utilizar a policías, jueces y periodistas en su contra, mientras no aporta datos sobre la trama de corrupción destapada por Garzón

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores Cospedal, ha asegurado que el PP no va a consentir que se le implique en ninguna campaña ilícita de financiación ilegal o de corrupción.

Cospedal considera que todo esto es una campaña orquestada de acoso y difamación al PP en un periodo próximo a las elecciones y que tiene por objeto modificar la intención electoral de los ciudadanos, y así se demuestra además de manera evidente con las continuas filtraciones que se están produciendo a medios de comunicación. Filtraciones parciales y filtraciones interesadas en un sumario que ha sido declarado secreto y que por lo tanto es absolutamente escandaloso que estas filtraciones se estén produciendo. “Por eso les digo que estamos convencidos que en este caso la cercanía del periodo electoral ha hecho que la maquinaria del PSOE, utilizando de manera escandalosa los servicios del Ministerio del Interior y los servicios de la Fiscalía General del Estado, está puesto al servicio del PSOE y lo está haciendo con un interés electoral y esto va en contra de los mínimos fundamentos de un Estado de Derecho como es el Estado español”, manifestó.

Recordar que el viernes Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a cinco personas en una amplia operación contra distintos delitos relacionados con la corrupción. Los agentes efectuaron registros en domicilios particulares, empresas y despachos profesionales de Madrid capital y localidades próximas, así como en Valencia, Marbella (Málaga) y Sotogrande (Cádiz).

Culmina así a desarticulación de una extensa trama corrupta que lograba contratos en administraciones públicas gobernadas por el PP, partido al que luego prestaba distintos servicios en sus campañas electorales.

Entre los detenidos de la trama se encuentra el empresario Francisco Correa Sánchez, habitual organizador de actos del PP, hasta que Mariano Rajoy prescindió de sus servicios en 2003, y amigo personal del yerno de Aznar, Alejandro Agag, del que fue testigo en su boda; Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP gallego y hombre de confianza del ex dirigente popular ya fallecido Xosé Cuiña; María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa y ex jefa de gabinete del ex alcalde del PP en Majadahonda y ex secretaria general del partido en ese municipio; y dos personas más que aparecen en su amplio entramado de empresas, Felisa Jordán Goncet y Antoine Sánchez.

Al margen de los cinco detenidos, el juez Garzón tiene en el punto de mira a más de 30 personas, en calidad de imputados y que, en su mayoría, son empresarios conexos. Anticorrupción atribuye a la trama corrupta los delitos de cohecho (soborno a funcionarios), tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita (actuaban como banda organizada).

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