Los afectados por ERE temporales podrían recuperar hasta 120 días de paro

El Gobierno y los agentes sociales estudian situar en un máximo de 120 días el periodo temporal en el que se podrán reponer las prestaciones por desempleo para los trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) de carácter temporal que vieran finalmente extinguida su relación laboral.

Así lo anunció hoy el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en declaraciones a los periodistas tras participar en la constitución del Consejo General de Sistema Nacional de Empleo.

En realidad, Corbacho explicó que la horquilla que se baraja va desde los 90 a los 120 días, si bien él se mostró proclive a situar el tope en 120 días, tal y como están pidiendo los sindicatos y como viene contemplado en el plan de automoción. “No sería razonable que hubiera horquillas diferentes”, apuntó.

De aprobarse esta medida, ello supondría que a un trabajador inmerso en un ERE de suspensión temporal que al final se quedara sin contrato no le contaría el periodo de prestación por desempleo que hubiera consumido durante la suspensión temporal de empleo, con un máximo de 120 días.

Es decir, si el trabajador tuviera derecho a, por ejemplo, 200 días de prestación por desempleo y se viera afectado por un ERE temporal de una duración de 60 días, recuperaría todo el periodo de prestación consumido si finalmente se fuera a la calle.

Así, finalizada esa relación laboral, seguiría teniendo derecho a cobrar 200 días de prestación por desempleo, en lugar de descontársele de la misma esos 60 días en los que duró el ERE temporal. Esta puesta del ‘contador a cero’ en la prestación por desempleo, como se denomina usualmente, tendría un tope de 120 días, siempre y cuando saliera adelante la horquilla máxima que se baraja en el diálogo social.

Para los ERE temporales también se estudia bonificar las cotizaciones a la Seguridad Social que soportan los empresarios por los trabajadores que están suspendidos de empleo, a fin de aligerarles los costes en la actual coyuntura económica.

Aunque el ministro no detalló a cuánto ascendería dicha bonificación, en el documento que se discute en el diálogo social se habla de una bonificación del 50% en las cuotas empresariales, excluida la incapacidad temporal, condicionada a que la empresa se comprometa a mantener el empleo durante, al menos, el año posterior a la suspensión.

Corbacho señaló que el objetivo de estas medidas es “facilitar” los ERE de suspensión temporal frente a los de extinción de empleo, a fin de reducir al mínimo la destrucción de empleo y del tejido productivo.

“LA NEGOCIACIÓN NO PUEDE ETERNIZARSE”

Las medidas antes mencionadas forman parte de un conjunto de propuestas que se están debatiendo en la mesa de empleo del diálogo social y que parecen contar con un apoyo razonable tanto de la parte sindical como de la empresarial. Sin embargo, el ministro reconoció que, a nivel global, no existe a día de hoy “una aproximación al cien por cien” entre los agentes sociales.

Aunque Corbacho confía aún en que haya acuerdo, no aspira ya a que sindicatos y empresarios compartan “grandes unanimidades ni grandes entusiasmos”, pero sí un “consenso razonable”. “Y creo que lo va a haber”, apostilló.

No obstante, el ministro advirtió de que el tiempo de la negociación se agota y que ésta “no puede eternizarse”. “Estamos en tiempo de descuento, en la prórroga. Hay que decidir”, avisó Corbacho, que confió en que esta misma semana o a la sumo la próxima se haya cerrado el debate para que comiencen a implementarse las medidas discutidas, algunas de las cuales requerirán un desarrollo normativo.

Esas medidas sobre las “al final, habrá que decidir” y que para el ministro son “imprescindibles y necesarias”, pasan por dar garantías de protección a los desempleados, incentivar la contratación y aliviar los costes empresariales en cotizaciones y darles mayor facilidad para acceder al crédito. “No se trata de que (los agentes sociales) compartan el cien por cien de todas las medidas, puede incluso haber reservas, pero queremos que estas líneas de trabajo estén lo antes posible”, enfatizó.

ORIENTADORES PERMANENTES PARA EL INEM

Preguntado por cómo están funcionando los 1.500 orientadores que han contratado los servicios públicos de empleo para atender a los desempleados, Corbacho destacó que su trabajo está siendo satisfactorio y que se están dedicando a lo que deben, orientar a los parados en la búsqueda de empleo y realizar con ellos itinerarios personalizados, y no a otras funciones que no le son propias. “He visitado varias oficinas y todavía no he visto a ningún orientador haciendo fotocopias”, bromeó el ministro.

Este plan de orientación, que se aprobó en abril de 2007 y que cuya duración estaba limitada a un año, podría convertirse en permanente si así se decide en el diálogo social. “Yo espero que sea sí y que no sea una medida de coyuntura”, dijo.

En relación con los servicios públicos de empleo, hoy se constituyó en el Ministerio el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, organismo que reunirá a los agentes sociales, a las comunidades autónomas, a la FEMP y a la Administración General del Estado como espacio para la concertación territorial y el diálogo, algo que, para Corbacho, resulta de gran importancia si se tiene el reparto competencial y el objetivo que se ha marcado el diálogo social de mejorar y potenciar las oficinas de empleo (el antiguo Inem).

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