22 años de prisión para la Paca

El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha condenado a 22 años y tres meses de prisión a la matriarca del clan de Son Banya, Francisca Cortés ‘La Paca’, y a nueve años y medio al ex inspector de Atracos de la Policía Nacional, José Gómez ‘Pepote’, dos de los principales acusados de los 27 que han sido juzgados por el caso Son Banya y a quienes el juez notificó hoy las penas que recaen sobre ellos.

De este modo, la pena impuesta sobre ‘La Paca’ es inferior a la solicitada por el Ministerio Fiscal, que pedía 28,5 años de cárcel para la procesada. En concreto, se le declara responsable de cuatro delitos de detención ilegal, uno de blanqueo de capitales, cohecho, amenazas y otro de inducción al falso testimonio.

Mientras tanto, para ‘Pepote’ la acusación pública reclamaba 11 años y medio de privación de libertad. Se le considera autor responsable de un delito de cohecho activo, otro de blanqueo de capitales, de falso testimonio y de omisión del deber de perseguir determinados delitos. El tribunal, presidido por el magistrado Eduardo Calderón, dio a conocer a lo largo de la mañana el contenido de la sentencia dictada con motivo del juicio celebrado el pasado mes de enero.

Fue tras notificarse las penas cuando se vivieron los momentos más tensos de la jornada, cuando ‘La Paca’ comenzó a gritar “aquí no hay justicia, si hubiera estado callada no me hubieran juzgado”, y más tarde, con ojos llorosos, se dirigió a los medios de comunicación para afirmar que le han condenado “porque soy ‘La Paca’, no por los delitos, porque no los he cometido”.

También la hija de la matriarca, Manuela Fernández ‘La Guapi’ -sobre quien pesan tres años y dos meses de cárcel-, profirió varios improperios contra la justicia, mientras que otro de sus hijos, Francisco Tomás Fernández ‘El Ico’ -condenado a año y medio de prisión-, vociferó que “esto nos pasa porque somos gitanos y nos han juzgado como a los etarras”, encarándose hacia los cámaras en medio de la expectación generada por sus críticas, para inmediatamente ser conducido a los calabozos de la Audiencia.

El resto de condenados -25 en total- son María de los Angeles Calderón (7 años de prisión), Roberto Valinotti (4 años y medio), Isidro Cortés ‘El Moreno’ (10 y medio), Juan Cortés (10 y medio), Manuela Fernández (3 años y dos meses), José Cortés (3 años y dos meses), Carlos Cortés (cuatro años y cuatro meses), Francisco Pulet ‘El Tarta’ (3 años y dos meses), Manuela Cortés (3 años y dos meses), Tamara Cortés (3 años y dos meses) y José Pedro Fernández (3 años y dos meses).

También se enfrentan a penas de cárcel Vicente Cortés (año y medio), Francisco Tomás Fernández (año y medio), Alejandro Cortés (año y medio), Juan Diego Fernández (año y medio), Manuel Santiago Ruíz (año y medio), Bruno Gálvez (dos años), Manuel Escamilla (dos años), Vicente Ruíz Cardona (nueve meses), José Luis Gil (nueve meses), José Fernández Cortés (seis meses), Rosario Vargas (seis meses) y Josefa Moreno (seis meses).

Mientras tanto, el tribunal ha absuelto a Pedro Cortés de los delitos de los que le acusaba la Fiscalía, y a Francisco Fernández ‘El Chirri’ por enajenación mental -tal y como había pedido la acusación pública- de los cargos por amenazas y lesiones. Cabe recordar que Nicoletta Valeria Soltesz, también presunta implicada en el caso, fue declarada en rebeldía por encontrarse en paradero desconocido, al tiempo que la Fiscalía retiró, durante la exposición de sus conclusiones finales en el juicio, la acusación que recaía sobre Pedro Cortés.

La sentencia considera probadas las retenciones ilegales producidas en el poblado en abril de 2006 a raíz de un robo de dinero al clan de ‘La Paca’, a las que siguieron la trama urdida por ‘Pepote’ para exculpar a los implicados de los secuestros a cambio de un beneficio económico. Unos hechos por los que declararon los acusados a lo largo de nueve días en el juicio celebrado el pasado mes de enero y en el que compareció una treintena de testigos en medio de una gran expectación mediática y un amplio despliegue policial.

HECHOS PROBADOS EN LA SENTENCIA

Tal y como relata la resolución judicial, ‘La Paca’ y su hermano Isidro excavaron un agujero en el solar de Son Banya, donde escondieron 911.000 euros procedentes de la venta de estupefacientes, dinero que en la madrugada del 16 al 17 de abril de 2006 fue sustraído por Bruno Gálvez, quien sacó la cantidad del poblado con la colaboración de Manuel Escamilla, José Luis Gil y Vicente Ruíz Cardona, éste como taxista.

De inmediato, los integrantes del clan de ‘La Paca’ se percataron de la desaparición del dinero y sospecharon de la implicación de Roberto Durand, a quien la matriarca ordenó buscar y, una vez localizado, fue llevado trasladado contra su voluntad hasta Son Banya, a casa de Isidro Cortés y a la de Francisca Cortés, donde fue agredido y amenazado de muerte, hasta que ‘La Paca’ recibió otras informaciones por las que supo que los autores del robo habían sido Bruno Gálvez y su novia Nicoletta Soltesz.

En cuanto a las investigaciones policiales, una vez que Ignacio Durand, Estelvina Caballero y Roberto Valinotti denunciaron las agresiones el 20 de abril, ‘Pepote’ tuvo conocimiento de las graves imputaciones al clan y, tras aconsejar a los paraguayos que designasen como abogada a López Calderón, ésta convenió con ellos en que negociaría con ‘La Paca’ para pedirle 400 millones de pesetas, como indemnización por las agresiones a cambio de que no se ratificasen en su denuncia.

Los denunciantes abandonaron la isla el 25 de abril, mientras que la abogada continuó negociando con la matriarca pese a las reticencias de ésta, respecto a lo cual la sentencia recoge que únicamente constan entregados y recibidos por López Calderón y Gómez 100 millones de pesetas, dinero que ambos acusados sabían que procedía de la actividad del narcotráfico por parte de Francisca Cortés y su familia.

La Audiencia Provincial decreta prisión incondicional sin fianza para la Paca, Pepote y cuatro condenados más

El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma decretó hoy el ingreso en prisión incondicional y sin fianza para La Paca, José Gómez ‘Pepote’, y cuatro condenados más -Isidro Cortés, Juan Cortés, Carlos Óscar Cortés y Maria de los Ángeles López Calderón-, en respuesta a la petición de la Fiscalía, que solicitaba prisión provisional para nueve de los condenados por el caso Son Banya, al entender que las altas condenas suponen un elevado riesgo de fuga.

Tras la comparecencia de prisión celebrada en el órgano judicial una vez notificada a los acusados la sentencia del caso, el tribunal, por el contrario, decidió la libertad sobre los acusados Bruno Gálvez y Manuel Escamilla, a la espera de que la sentencia sea firme, después de que los abogados de ambos defendiesen en la vista que no concurren riesgos para sustraerse de la acción de la justicia y aludiesen a la falta de medios económicos de los dos condenados.

El ex inspector de Atracos de la Policía Nacional, José Gómez, y su compañera sentimental, María de los Ángeles López Calderón, salieron de la Audiencia con rostros sonrientes pese a la resolución del tribunal, saludando a los numerosos medios de comunicación desde el vehículo policial al que fueron introducidos.

Mientras tanto, ‘La Paca’, Isidro Cortés, Juan Cortés y Carlos Óscar Cortés también fueron trasladados en los vehículos de la Policía, mientras se escuchaba el llanto de algunos familiares que aguardaban a la salida de la Audiencia. Cabe señalar que la prisión condicional decretada para los seis condenados no podrá exceder la mitad de la pena impuesta en la sentencia para cada uno de ellos.

El tribunal también decretó la búsqueda y captura del condenado Roberto Valinotti, que estuvo ausente en la notificación de la sentencia y para quien la Fiscalía también solicitó prisión provisional sin fianza.

En concreto, el encarcelamiento de ‘Pepote’ tendrá lugar en un módulo especial para evitar toda relación con otros presos y detenidos comunes y, si ello no fuera posible, deberá ser trasladado a un centro penitenciario de la península provisto de un módulo específico para penados o detenidos que pertenezcan o hayan pertenecido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tal y como ha acortado el tribunal.

También deberán adoptarse medidas de seguridad respecto a López Calderón, con el objetivo de evitar posibles represalias de parte de otros detenidos o internos a raíz del contenido de la sentencia y de los hechos que considera probados en torno a la intervención de la abogada dentro del caso.

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