jueves. 28.03.2024

Las fianzas depositadas a lo largo de 2008 por políticos o ex cargos públicos implicados en presuntos casos de corrupción en Balears ascendieron a más de 630.000 euros, abonadas a fin de eludir el ingreso en prisión que les fue decretado o para salir de la cárcel, las más elevadas de las cuales fueron las constituidas por el ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, y el ex gerente de Bitel, Damià Vidal, ambas de 200.000 euros.

De este modo, los jueces y tribunales fijaron las cauciones atendiendo a la gravedad de las imputaciones y al patrimonio de cada uno de los imputados. Así, en el caso de Massot, condenado a ocho años y medio de prisión por dos piezas del caso Andratx, quedó el pasado 23 de diciembre en libertad tras reunir los 200.000 euros, después de que el tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma decretase prisión preventiva ante un posible riesgo de fuga.

Mientras tanto, el juez de instrucción Miquel Florit dejó en libertad a Vidal, imputado por un presunto delito de malversación de caudales públicos que podría ascender a 700.000 euros, el 21 de abril de 2008 tras abonar la misma cantidad como fianza.

En relación con el caso Scala, relacionado con un supuesto caso de corrupción en torno al Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), el pasado 2 de diciembre quedaron en libertad bajo fianza de 100.000 euros la ex gerente del organismo público, Antònia Ordinas, y el ex director general de Promoción Industrial del anterior Govern, Kurt Viaene, y bajo fianza de 6.000 euros la esposa de Ordinas, la soprano Isabel Rosselló.

Por su parte, el pasado 12 de diciembre salió de la cárcel el ex concejal de Agrupación Social Independiente (ASI) en Llucmajor, Joaquín Rabasco, sobre quien recaen seis años de privación de libertad por un delito de malversación de fondos públicos y otro de alzamiento de bienes, por beneficiar con más de un millón de euros a cuatro empresas ligadas al ex edil desde el Consistorio. Tuvo que depositar una caución de 120.000 euros.

Por su parte, también el magistrado Miquel Florit decretó el 11 de diciembre libertad bajo fianza de 12.000 euros para Juan Francisco Gosálbez, principal imputado dentro del caso Turisme Jove, supuesta trama de corrupción urdida en torno a este consorcio público en la pasada legislatura.

630.000 euros pagaron los políticos de Balears para eludir la prisión durante 2008