Matas iba a comprar el piso de Madrid pero se lo pasó a Reus

Fernando Areal, cuñado del ex presidente del Govern, Jaume Matas, reconoció hoy que dio una opción de compra por valor de 100.000 euros por un piso situado en el barrio de Salamanca de Madrid, aunque cuando la adquisición iba a formalizarse, pasó el contrato al ex conseller y presunto testaferro del ex jefe del Ejecutivo balear, Bartomeu Reus, para que éste figurase como propietario de la vivienda en las escrituras.

Así lo puso de manifiesto en su declaración ante el juez que instruye el caso Palma Arena, José Castro, durante una comparecencia que finalizó a las 11.55 horas pese a que se preveía aun más larga. Durante la vista, manifestó que hizo de intermediario así entre Matas y la constructora del inmueble, según informaron fuentes jurídicas.

Mientras tanto, aseveró asimismo que pagó 32.000 euros por las obras de reforma del palacete, vivienda que Matas posee en el casco antiguo de Palma y que se encuentra bajo investigación judicial. El dinero, dijo, lo entregó al constructor Juan Serra, que se había encargado además de la reforma de la sede del PP. Las investigaciones apuntan a que esta cantidad fue aportada en negro u opaca al fisco.

Por otro lado, preguntado por las presuntas irregularidades cometidas en torno a los servicios prestados por la agencia de comunicación Nimbus al PP durante la campaña electoral de 2007, negó haber abonado con dinero negro parte de esta campaña. En concreto, las pesquisas van dirigidas a averiguar si el Govern adjudicó sin concurso público diversos contratos a Nimbus y si esta empresa emitió facturas falsas con sobrecostes sin justificar, cobrando a cambio a ‘precio coste’ la organización de la campaña electoral del PP.

Según las investigaciones, el ex tesorero fue la persona que presuntamente sufragó con dinero negro -unos 70.000 euros en tres pagos- parte de la campaña electoral, de acuerdo a las investigaciones y al testimonio arrojado por el director de la agencia, Miquel Romero, aunque Areal negó, al igual que ya hizo en la declaración que efectuó el año pasado, que hubiera realizado estos pagos supuestamente irregulares. Se da la circunstancia de que el juez ha ordenado que los abogados apaguen el móvil durante el interrogatorio para evitar posibles injerencias.

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