Collado declara ante el juez no saber nada de las irregularidades

El ex gerente de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) se ratificó hoy ante el titular del Juzgado de Instrucción número 11, Manuel Penalva, en las declaraciones que ya ha efectuado en el marco del caso que investiga las presuntas irregularidades cometidas en torno a la gestión de este organismo, al negar haber cobrado comisiones ilegales a proveedores de la compañía pública y desvincularse así de esta supuesta trama de corrupción.

   En una comparecencia que se prolongó durante unas tres horas y en la que no estuvo presente ningún fiscal, el imputado, asistido por el letrado José Ignacio Herrero, volvió a rechazar haberse lucrado con la compra-venta de tumbas y ataúdes a través de la EFM, y defendió que los gastos supuestamente privados que se le detectaron con cargo a las cuentas de la empresa “eran por representación”, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.

   Tal y como incidió de forma rotunda, “nunca” ha cobrado una sola comisión de forma irregular, y defendió que las ventas y operaciones realizadas con entidades relacionadas con el ámbito funerario fueron “correctas”. En esta misma línea, afirmó que tampoco “nunca” ha hecho “ningún trato de favor a nadie”, al ser preguntado por determinados clientes que pudieron verse favorecidos por una política de agresivos descuentos en las tarifas de la empresa municipal.

   El imputado negó asimismo haber percibido dinero por obras no ejecutadas por parte de empresas concesionarias así como por sobrecostes en la venta de ataúdes, y haber participado en el hinchamiento de facturas, hecho que se le atribuye tanto a él como al constructor Juan Gayà, quien realizó obras para la funeraria y presuntamente emitió facturas falsas a Collado.

   En concreto, sobre el principal encausado en este procedimiento, quien se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 euros, pesan los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad documental, cohecho y fraude a la administración por los que podría enfrentarse a una pena de cárcel que oscilaría entre los 14 y los 16 años.

   Mientras tanto, el juez anunció hoy que volverá a citar a declarar a la ex presidenta de la Funeraria, Marina Sans, a quien se le atribuye un supuesto delito de malversación de caudales públicos, y fijará previsiblemente a finales de este mes su nueva comparecencia ante el magistrado.

   Cabe recordar que la investigación de la contabilidad de la empresa municipal se inició a raíz del escándalo abierto por los viajes privados que realizaron Collado y Sans, que fueron facturados en la pasada legislatura a esta empresa pública por una cantidad superior a los 7.000 euros. De hecho, Sans, ingresó en la cuenta de la funeraria un total de 6.833,93 euros correspondientes a nueve facturas de viajes privados realizados por sus familiares en la pasada legislatura y que habían sido sufragados por la empresa pública.

PRISIÓN SIN FIANZA PARA COLLADO

   La operación fue abierta el 11 de junio de 2009, cuando fue detenido Collado, y dos días después el magistrado dictó contra el imputado prisión preventiva sin fianza. Sin embargo, el 25 de ese mismo mes el juez decretó una caución de 100.000 euros a raíz del recurso que presentó el abogado que entonces le defendía, Jaime Rodríguez, para solicitar la libertad de su patrocinado al alegar que era “mínimo” el riesgo de fuga de Collado, quien finalmente salió de la cárcel el 29 de junio tras constituir la fianza.  

   En concreto, fue después de que el Ayuntamiento de Palma detectara una serie de supuestas facturas y contratos irregulares en la Funeraria Municipal de Palma cuando fueron puestos en manos de la Fiscalía al considerar que suponían indicios de irregularidad.

   También se encuentran imputados en este procedimiento, además de Collado, Sans y Perelló, la mujer del primero, Francisca Coll, y Ataúlfo del Hoyo, ex asesor jurídico de la empresa municipal a quien se le implica en parte de las irregularidades detectadas.

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