La coordinadora de Asuntos Jurídicos del PP balear, Mabel Cabrer, y el secretario general de este partido, Miquel Ramis, ampliaron hoy ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma la denuncia que interpuso esta formación ante la Fiscalía por las contrataciones "irregulares" de hasta 10,5 millones de euros en las obras que se ejecutaron en el Metro de Palma tras las inundaciones de 2007, de forma que denuncia que estos trabajos se concedieron a empresas "a dedo y sin concurso público".
Así, el PP demanda por los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y fraude relativa a distintos contratos de consultoría y obras de emergencia del Metro al Consejo de Administración de SFM en el que tiene especial relevancia el equipo directivo de la empresa, con el conseller de Medio Ambiente y Movilidad, Gabriel Vicens, el director general de Movilidad, el gerente y el cogerente al frente.
En la ampliación de la denuncia, los 'populares' han adjuntado el último informe de la Sindicatura de Cuentas, referido a 2008, que, según subrayó Cabrer, en declaraciones a Europa Press, "confirma las irregularidades" y la "vulneración por parte de SFM de la Ley estatal de Contratos".
En este sentido, Cabrer esperó que la Justicia investigue este caso con la misma celeridad con la que lo ha hecho en otras causas que afectaron al PP, de forma que "se investigue al mismo nivel y a todos por igual".
En la denuncia, el PP apunta a la UTE formada por Grumasa e Ineco como la beneficiaria de un contrato de consultoría y asistencia para detectar las carencias en las obras y determinar soluciones, aunque en su opinión "lo que se ha hecho es declarar una emergencia ficticia" en algunas de estas obras para dar cobertura a la adjudicación.
Las mismas compañías que, según indicó la ex consellera de Obras Públicas, percibió un contrato por 2,4 millones de euros en concepto de consultoría y asistencia técnica y que fue prorrogado "de forma ilegal" al margen de la normativa vigente en materia de contratación.
En total, la empresa pública lleva gastados, de acuerdo a los cálculos efectuados por el PP, más de 10,5 millones de euros en pagos de consultoría y asistencia técnica mediante procedimientos de contratación "absolutamente irregulares". A lo que se sumaría, dijo, contrataciones "a dedo" del suministro del material móvil por 54 millones de euros mediante procedimientos negociados sin publicidad.
La coordinadora de Asuntos Jurídicos del PP balear, Mabel Cabrer, y el secretario general de este partido, Miquel Ramis, ampliaron hoy ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma la denuncia que interpuso esta formación ante la Fiscalía por las contrataciones "irregulares" de hasta 10,5 millones de euros en las obras que se ejecutaron en el Metro de Palma tras las inundaciones de 2007, de forma que denuncia que estos trabajos se concedieron a empresas "a dedo y sin concurso público".
Así, el PP demanda por los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y fraude relativa a distintos contratos de consultoría y obras de emergencia del Metro al Consejo de Administración de SFM en el que tiene especial relevancia el equipo directivo de la empresa, con el conseller de Medio Ambiente y Movilidad, Gabriel Vicens, el director general de Movilidad, el gerente y el cogerente al frente.
En la ampliación de la denuncia, los 'populares' han adjuntado el último informe de la Sindicatura de Cuentas, referido a 2008, que, según subrayó Cabrer, en declaraciones a Europa Press, "confirma las irregularidades" y la "vulneración por parte de SFM de la Ley estatal de Contratos".
En este sentido, Cabrer esperó que la Justicia investigue este caso con la misma celeridad con la que lo ha hecho en otras causas que afectaron al PP, de forma que "se investigue al mismo nivel y a todos por igual".
En la denuncia, el PP apunta a la UTE formada por Grumasa e Ineco como la beneficiaria de un contrato de consultoría y asistencia para detectar las carencias en las obras y determinar soluciones, aunque en su opinión "lo que se ha hecho es declarar una emergencia ficticia" en algunas de estas obras para dar cobertura a la adjudicación.
Las mismas compañías que, según indicó la ex consellera de Obras Públicas, percibió un contrato por 2,4 millones de euros en concepto de consultoría y asistencia técnica y que fue prorrogado "de forma ilegal" al margen de la normativa vigente en materia de contratación.
En total, la empresa pública lleva gastados, de acuerdo a los cálculos efectuados por el PP, más de 10,5 millones de euros en pagos de consultoría y asistencia técnica mediante procedimientos de contratación "absolutamente irregulares". A lo que se sumaría, dijo, contrataciones "a dedo" del suministro del material móvil por 54 millones de euros mediante procedimientos negociados sin publicidad.
