Hidalgo, juzgado por vender cuatro fincas sin autorización judicial

El ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, se sentará hoy de nuevo en el banquillo de los acusados para ser juzgado en el marco de una nueva pieza del caso Andratx, la número 74, dentro de la cual Fiscalía y acusación particular postulan que el ex primer edil vendió cuatro fincas de su empresa Automóviles Eucar S.L. pese a que no contaba autorización judicial para ello ya que sobre sus bienes pesaban ciertas cautelas por posibles responsabilidades civiles.

   De este modo, el Ministerio Público solicita un año de prisión por un delito de alzamiento de bienes y 24 meses de multa a razón de 50 euros diarios por quebrantamiento de medidas cautelares, o alternativamente un año de cárcel por alzamiento y ocho meses por desobediencia grave. Mientras, la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento ‘andritxol’ a través de la letrada Isabel Fluxà, pide un año y seis meses de prisión por alzamiento y nueve meses por desobediencia.

   En concreto, el juicio tendrá lugar en el Juzgado de lo Penal número 6 de Palma a partir de las 12.30 horas. Hildago, asistido por el abogado Manuel Murillo, deberá así salir de nuevo del centro penitenciario de Palma en el que actualmente se encuentra cumpliendo condena por otras dos piezas ya juzgadas del caso cuya sentencia ya ha sido confirmada por el Tribunal Supremo.

   Tal y como señalan las acusaciones en relación con los hechos instruidos en esta pieza, Hidalgo hizo caso omiso a los requerimientos judiciales y apercibimientos “con pleno conocimiento de los mismos” al haber procedido, sin haber obtenido la preceptiva autorización judicial, a la venta de cuatro fincas como administrador único de Eucar por un total de 335.000 euros más 23.450 de IVA.

   Según los escritos de calificación provisionales, Hidalgo pidió la retirada de las anotaciones preventivas de existencia de delito que pesaban sobre una de estas fincas -la 21.111-, que finalmente quedaron sin efecto aunque bajo apercibimiento de cometer delito de desobediencia si no solicitaba autorización judicial antes de cualquier operación sobre estos bienes, ya que sobre ellos se mantenían ciertas cautelas “para evitar su dilapidación en aras de posibles responsabilidades civiles”.

   Posteriormente, el acusado realizó la misma solicitud sobre las otras tres fincas -21.098, 21.097 y 21.103-, tras lo que el Juzgado realizó los mismos apercibimientos legales. Sin embargo, el 11 de septiembre Hidalgo acabó procediendo ante notaría a la venta de los cuatro terrenos

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