El GOB califica el Decreto Nadal de “amnistía para los infractores”

El GOB tachó hoy de “amnistía con los infractores” el decreto Nadal, aprobado hoy en el Parlament, al considerar que a partir de la entrada en vigor de esta norma se permitirá a los empresarios legalizar las plazas hoteleras a pesar de que puedan tener abierto un expediente por infracción, así como por permitir que se puedan reformar aquellos establecimientos ya existentes, estuvieran legalmente construidos o no.

   Así lo afirmaron hoy la portavoz del GOB, Margalida Ramis, y el presidente interinsular de esta organización, Macià Blázquez, quienes convocaron una rueda de prensa para criticar la aprobación de este decreto, a la vez que lamentaron el ‘modus operandi’ “errático” que viene desarrollando el actual Govern, del que dijeron hace política a base de “decretos leyes” para implementar excepciones urbanísticas “con la excusa de la dinamización económica”.

   En este sentido, la portavoz de los ecologistas indicó que la figura legal del decreto ley se incorporó en el Estatut de Autonomía para ser utilizado “en casos de emergencia, que no pueden esperar la tramitación parlamentaria o como medida cautelar hasta la aprobación  de una nueva ley”. No obstante, afirmó que el Govern está utilizando esta fórmula para “la desregularización urbanística”, especialmente “para el sector turístico”.

   Así, puso como ejemplos de esta política “de locos” el Decreto Ley de medidas urgentes para el impulso de la inversión en Baleares, conocido como Decreto Nadal; el Decreto Ley de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica, apodado como Decreto Grimalt; el Decreto de unificación y simplificación de los trámites en materia turística; y ahora, la modificación del Decreto Nadal convertido en Proyecto de Ley.  

   Respecto a éste último, Ramis dijo que permitirá que los establecimientos que hayan hecho ampliaciones irregulares puedan “hacer remodelaciones manteniendo los volúmenes existentes” y “ampliaciones del 10 por ciento de la superficie realmente construida”, “incluida la parte ilegal”.

   Así, puso como ejemplo que si un establecimiento de diez alturas situado en primera línea de playa se tuviera que reconstruir, con la normativa actual tendría “limitación de altura”, mientras que con la entrada en vigor del Proyecto de Ley podrá incrementar su volumen. De manera que “consolida aberraciones urbanísticas en primera línea” de playa, apostilló la ecologista.

PROPUESTAS DEL GOB

   Ramis recalcó que es “un error” tratar de impulsar el sector turístico mediante “la planificación urbanística”. En esta línea se expresó también el presidente interinsular del GOB, quien apuntó que “se quieren plantear soluciones a la crisis aplicando las medidas que condujeron a la misma”, en referencia a “realimentar la burbuja urbanística”.

   Para el ecologista, con esta manera de actuar se “hace que el medio ambiente sea el que pague la crisis”. Por ello, el GOB propone una serie de medidas alternativas para impulsar la economía de las islas, como la diversificación de los sectores productivos, el consumo de los productos locales, generar proximidad para reducir el consumo energético derivado del transporte de productos, disminuir el consumismo y el derroche de los recursos, la reconversión de los espacios naturales y la ambientalización del turismo, entre otras medidas.

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