La Cámara solicita una gestión prioritariamente individualizada, pública y con participación de agentes privados para el aeropuerto de Son Sant Joan

La Cámara de Comercio de Mallorca lleva años trabajando a favor de un nuevo modelo de gestión para los aeropuertos españoles y en particular, para los aeropuertos de las islas, que por su condición de insularidad son especialmente sensibles. El modelo que defiende la Cámara de Mallorca es el de una gestión prioritariamente individualizada, pública y con participación de agentes privados, porque la realidad local es la que debe imperar a la hora de gestionar esta infraestructura. En ese sentido, la institución considera que ni la gestión integrada ni la privatización anunciadas por el Ministro de Fomento, José Blanco, el pasado miércoles 7 de julio, son buenas noticias, e insta a las instancias políticas a reconsiderar este modelo político.

El aeropuerto es la infraestructura básica para las islas del archipiélago, y por tanto, debería gestionarse en función de la estrategia que tiene Baleares en cuanto a mercados y a la relación con las compañías aéreas. La gestión individualizada debería permitir que cada aeropuerto pudiera fijar sus tarifas; tomar sus decisiones sobre inversión y en materia de slots y tener su propia política comercial.

El referente de la Cámara son los sistemas de gestión de aeropuertos de Europa, donde el gestor de cada aeropuerto tiene la capacidad de fijar la misión del mismo como infraestructura clave en el territorio en el que está localizado y los objetivos que debe perseguir la gestión para cumplir esa misión. Esa capacidad de gestión individualizada supone una clara ventaja frente a una gestión integrada como la que existe en la actualidad en el territorio nacional.

Modelo de gestión individualizada ideal
La decisión ya tomada de separar la gestión de la navegación aérea (manteniendo a la Administración Central como nivel de referencia) y la gestión de los aeropuertos, es positiva, y hace más fácil realizar una reforma de la gestión aeroportuaria. Por lo que se refiere a las instalaciones, la titularidad de los aeropuertos podría continuar en el ámbito de la Administración central, en un marco en que los contratos o concesiones de gestión sean suficientemente largos en el tiempo para que el mantenimiento de la titularidad estatal no distorsione la autonomía de gestión.

Las decisiones sobre la forma de abordar la gestión de cada uno de los aeropuertos podrían trasladarse a consorcios compuestos por los diferentes niveles de gobierno, pudiendo incorporar a organismos sin ánimo de lucro como las cámaras de comercio. En principio, sería deseable que las administraciones locales tuviesen una presencia preeminente en estos consorcios, aunque la realidad española obliga a tomar en cuenta a las administraciones regionales. No tendría demasiado sentido que la Administración central tuviese presencia en estos órganos, puesto que su capacidad de actuación y de supervisión quedaría reservada para otras áreas.

Los consorcios responsables de la gestión de cada aeropuerto podrían establecer contratos de gestión con empresas gestoras que podrían ser públicas o mixtas, si bien los marcos legislativo, institucional y regulatorio deberían ser los mismos para cada uno de los aeropuertos. La potestad regulatoria debería permanecer en el ámbito de la jurisdicción central y ser ejercida preferiblemente por una agencia de carácter independiente. Esta misma agencia podría ser la responsable de la gestión de los fondos requeridos para financiar las obligaciones de servicio público (OSP) instituidas respecto a aquellos aeropuertos que sean designados para cumplir esta función de servicio público, aunque su operación no resulte autosuficiente.

En todo caso, no es necesario sobredimensionar los requerimientos financieros del subsidio a los aeropuertos designados OSP, pues en un gran número de aeropuertos españoles el tráfico se sitúa ya por encima del umbral de 1 a 1,5 millones de pasajeros (a partir del cual los aeropuertos pueden ser rentables, según análisis efectuados por la Comisión Europea). Además, es muy probable que la individualización de la gestión tenga como consecuencia mejorar la eficiencia en los aeropuertos de menor tráfico, lo que reduciría la dimensión de los subsidios requeridos.

Deja un comentario / Mallorca Confidencial no se hace responsable de los comentarios vertidos en su web.