Las patronales del juego de Baleares piden que no se lleve el Casino de Mallorca a Porto Pí

 Las patronales que agrupan al sector del juego en Baleares han pedido al Ayuntamiento de Palma que deniegue la licencia solicitada por el Casino de Mallorca, ubicado en Calvià, para trasladarse al Centro Comercial Porto Pi de la capital autonómica, al entender que en la documentación pública expuesta falta “gran parte” de los documentos que integran el expediente.

   Así, la Asociación de Salones Recreativos de Baleares (Sareiba), la Asociación de Salas de Bingo Autorizadas (ASBA) y la Asociación de Empresarios de Salas de Bingo de Baleares (Aesbi) han presentado varios escritos mediante los cuales solicitan al Consistorio de la capital balear que desautorice el traslado del emblemático salón de juegos, ya que, en su opinión, pueden existir “determinadas deficiencias” que hagan “imposible” la concesión de la citada licencia, según ha anunciado este lunes en un comunicado la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem), a la que pertenece Sareiba.

   Sareiba, ASBA y Aesbi han reiterado de esta forma su oposición al traslado del Casino de Mallorca, ya que, según han afirmado estas asociaciones, supondría la “ruptura” del “difícil equilibrio” existente en el sector del juego. Asimismo, han recordado a la alcaldesa de Palma, Aina Calvo, que se comprometió públicamente a llevar este conflicto al Consejo Social del Ayuntamiento, con el fin de que todas las partes implicadas pudieran expresar su postura sobre el posible impacto de esta nueva localización para el municipio.

   En cuanto a la autorización de dicho traslado por parte del Govern, las patronales del juego han remarcado también que la decisión tomada por la Dirección General de Interior de la Conselleria homónima está recurrida ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo de Baleares por las mismas asociaciones y por el Ayuntamiento de Calvià.

   En relación a esta decisión se pronunció el pasado 22 de enero la portavoz del Ejecutivo autonómico, Joana Barceló, quien aseguró que la determinación de permitir este traslado se realizó “de acuerdo con los informes jurídicos pertinentes”. En la misma línea, fuentes de la Conselleria de Interior habían señalado ya a Europa Press el día 13 del mismo mes que esta autorización suponía un “trámite administrativo más” tras el visto bueno de los informes técnicos y de la Abogacía de la Comunidad Autónoma.

   También a favor se mostraron el pasado 15 de enero los sindicatos UGT, CCOO y USO, tras la publicación de los resultados del estudio que el Casino de Mallorca había realizado, que determinaban que el traslado supondría un incremento de la plantilla en un 25 por ciento y que la inversión de seis millones de euros que se iba a realizar incentivaría otros sectores económicos.

   A pesar de todo, las patronales se opusieron a este traslado desde el comienzo, ya que, en palabras del adjunto a la presidencia de Sareiba, Miquel Àngel Riera, las arcas de Baleares dejarían de ingresar más de 21 millones de euros tributados por las salas de juego, los bingos y las máquinas recreativas si se llegara a materializar el traslado. Asimismo, Riera informó el pasado 16 de enero a los sindicatos anteriormente citados que esta nueva localización del Casino de Mallorca podría provocar la pérdida de entre 400 y 500 empleos de los 2.000 existentes en el sector del juego, si bien las centrales se posicionaron finalmente a favor de esta actuación.

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