Pascual no sabe nada de las presuntas irregularidades investigadas en el caso Peaje

El ex vicepresidente y ex conseller de Obras Públicas y Carreteras en el Consell de Mallorca, Antoni Pascual (UM), ha negado este viernes ante la jueza que instruye el caso Peaje que mientras ostentaba estos cargos durante la pasada legislatura no estuvo al tanto de las presuntas irregularidades que se cometieron en torno al desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor (antigua C-715), y defendió la labor de los técnicos que intervinieron en el proceso de reforma y modernización de esta vía.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su comparecencia en calidad de imputado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5, Ana San José, el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán y varios letrados, y en la que ha sido inquirido sobre el supuesto desvío de fondos públicos a obras privadas que fueron facturadas como si se tratase de trabajos de la carretera, cuestión en la que se centran las investigaciones.

El nombre de Pascual, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, apareEl ex vicepresidente y ex conseller de Obras Públicas y Carreteras en el Consell de Mallorca, Antoni Pascual (UM), ha negado este viernes ante la jueza que instruye el caso Peaje que mientras ostentaba estos cargos durante la pasada legislatura no estuvo al tanto de las presuntas irregularidades que se cometieron en torno al desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor (antigua C-715), y defendió la labor de los técnicos que intervinieron en el proceso de reforma y modernización de esta vía.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su comparecencia en calidad de imputado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5, Ana San José, el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán y varios letrados, y en la que ha sido inquirido sobre el supuesto desvío de fondos públicos a obras privadas que fueron facturadas como si se tratase de trabajos de la carretera, cuestión en la que se centran las investigaciones.

El nombre de Pascual, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, aparece reflejado junto al de otras 15 personas en la querella que interpuso el Ministerio Público en marzo del pasado año a raíz del supuesto desfase de unos 23 millones de euros sobre la cantidad presupuestada para el proyecto, que corrió a cargo de la UTE Desdoblamiento C-715. En concreto, los delitos que constan en la denuncia son los de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y falsedad en documento mercantil.

En el marco de esta causa también se encuentran imputados los funcionarios de la Institución insular Francisco Orejudo y Gabriel Mestre, que eludieron ingresar en prisión tras depositar fianzas de 125.000 y 75.000 euros, respectivamente, así como el ex director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar.

Cabe recordar que la operación se saldó en marzo de 2009 con la detención de 18 personas, quienes quedaron en libertad con cargos excepto los dos funcionarios, los únicos que pasaron a disposición judicial. A partir de ese momento la Fiscalía ha estado estudiando toda la documentación intervenida para determinar las presuntas implicaciones de los detenidos en el caso.ce reflejado junto al de otras 15 personas en la querella que interpuso el Ministerio Público en marzo del pasado año a raíz del supuesto desfase de unos 23 millones de euros sobre la cantidad presupuestada para el proyecto, que corrió a cargo de la UTE Desdoblamiento C-715. En concreto, los delitos que constan en la denuncia son los de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y falsedad en documento mercantil.

En el marco de esta causa también se encuentran imputados los funcionarios de la Institución insular Francisco Orejudo y Gabriel Mestre, que eludieron ingresar en prisión tras depositar fianzas de 125.000 y 75.000 euros, respectivamente, así como el ex director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar.

Cabe recordar que la operación se saldó en marzo de 2009 con la detención de 18 personas, quienes quedaron en libertad con cargos excepto los dos funcionarios, los únicos que pasaron a disposición judicial. A partir de ese momento la Fiscalía ha estado estudiando toda la documentación intervenida para determinar las presuntas implicaciones de los detenidos en el caso.

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