La ex cúpula de UM regresa a los juzgados por Can Domenge

La titular del Juzgado de Instrucción número 12, Mari Carmen González, interrogará el próximo jueves a los ex consellers insulares de Territorio, Bartomeu Vicens, y Economía y Hacienda, Miquel Àngel Flaquer, mientras que el viernes tomará declaración a la ex presidenta del Consell y del Parlament, Maria Antònia Munar, así como al ex vicepresidente de la Institución, Miquel Nadal, en calidad de imputados dentro del caso que investiga las presuntas irregularidades en torno a la venta de los terrenos de Can Domenge.

Las comparecencias, que en un principio estaban fijadas para los días 1, 2 y 3 de junio, tendrán lugar después de que fuesen aplazadas a petición de las defensas por coincidir con la celebración de un juicio. Vicens deberá ser excarcelado para declarar ya que desde el pasado 6 de julio se encuentra cumpliendo tres años de condena en la prisión de Palma por una pieza separada del caso Son Oms, tras pagar en la pasada legislatura 12.020 euros públicos a su contable por un informe sobre el suelo que resultó innecesario para los intereses generales y que fue plagiado de Internet.

En concreto, el nombre de estos cuatro imputados aparece reflejado en la querella que interpuso Josel S.L. -perteneciente al grupo Núñez y Navarro-, y que atribuye los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y revelación de secretos oficiales a, entre otros, Munar y a aquellos miembros del pleno del 30 de diciembre de 2005 que dieron su voto a favor de la adjudicación de estos solares.

Ésta será la segunda vez, en el caso de Munar, y la tercera en el caso de Nadal, que prestarán declaración en el marco de este procedimiento, que investiga si la UTE adjudicaria dispuso de información privilegiada y gozó de un trato de favor en el proceso, después de que los terrenos fuesen vendidos por el Consell de Mallorca a Sacresa Terrenos y Promoción S.L. y Construcciones Pedro Francisco Ferrá Tur por un total de treinta millones de euros, pese a tratarse de la mitad de su valor en el mercado (57,8 millones de euros) y de lo que ofrecía la promotora Núñez y Navarro.

Munar, asistida por Gabriel Garcías, ya depuso el pasado 18 de diciembre ante el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Francisco Javier Muñoz, cuando la causa estaba en manos de la máxima instancia judicial de las islas -posteriormente retornó al Juzgado de Instrucción número 12 por no contar con ningún aforado imputado-. En su comparecencia, apuntó a las Consellerias insulares de Economía y Territorio en la pasada legislatura como responsables de idear las cláusulas del concurso.

Por su parte, Nadal, defendido por Josep Zaforteza, admitió el 30 de abril del pasado año que se reunió con un directivo de Sacresa meses antes de que se fallase el concurso, aunque aseveró que no precisó al empresario “las bases de determinación del precio o si iba a ser concurso o subasta, pues lo desconocía”. El encausado defendió que como no era conseller ejecutivo cuando se firmó, el 30 de diciembre de 2005, el decreto para la enajenación de los terrenos, por lo que no tenía competencias en el proceso. El pasado 25 de febrero declaró además dentro de una pieza secreta del caso en sede del TSJIB.

En el caso de Vicens, asistido por Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, y de Flaquer, defendido por Gaspar Oliver, será la primera vez que depongan por esta causa que, sin embargo, no es la única en que los cuatro ex dirigentes de UM están siendo investigados. Todos ellos se encuentran encausados en el caso Maquillaje, mientras que Flaquer y Nadal lo están también en el caso Voltor, al tiempo que Vicens está imputado además en el caso Son Oms y Plan Territorial.

LA JUEZA VE UNA “CONCULCACIÓN FLAGRANTE DE LAS NORMAS”

La jueza, en la exposición que elevó al TSJIB para pedir que asumiera el caso, determinó que la resolución de este decreto iba dirigida a “un fin preordenado de satisfacer intereses no legítimos”, que constituyó una “conculcación flagrante de las normas con una finalidad torticera y ajena a los intereses generales”.

En esta línea, la magistrada considera que los imputados se desprendieron de un inmueble de “muy alto valor y que lejos de hacerlo en la forma que más se garantizaba el interés general lo hicieron para satisfacer intereses privados”, a un precio 30 millones inferior a su valor en el mercado “dejando por tanto de ingresar a sabiendas en el erario público esa cantidad sin que existiesen razones justificadas para ello”.

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