La interventora del Consell afirma que Flaquer y Vicens modificaron las cláusulas de Can Domenge

La interventora general del Consell de Mallorca, Elena Montejo, ha afirmado este jueves ante la jueza que abordó con los ex consellers insulares de Territorio, Bartomeu Vicens, y Economía y Hacienda, Miquel Àngel Flaquer, las modificaciones que se llevaron a cabo en las bases del concurso para la enajenación de los terrenos de Can Domenge, que finalmente fueron vendidos por la Institución por treinta millones de euros, la mitad de su valor en el mercado y de lo ofrecido por la empresa querellante Núñez y Navarro.

Montejo en su comparecencia ante la titular del Juzgado de Instrucción número 12, Mari Carmen González, y con la presencia de los fiscales Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán, Montejo ha negado, sin embargo, que la ex presidenta del Consell, Maria Antònia Munar, contactase con ella para tratar aspectos del clausulado.

Durante su deposición, la testigo ha recordado que los pliegos del concurso “fueron modificándose” desde que inicialmente estableciese que los terrenos serían adjudicados a quien ofreciese la mayor oferta económica, hasta que pasó a primarse el proyecto técnico. Y en este sentido, ha señalado que tanto Flaquer como Vicens contactaban con ella para abordar las modificaciones y la tramitación de los pliegos.

Asimismo, ha apuntado que desde el departamento de contratación, la jefa de este servicio, Cristina Carreras, le enviaba los borradores de los pliegos con las modificaciones llevadas a cabo. Precisamente, Carreras -quien ya declaró como imputada aunque finalmente se sobreseyó la causa sobre ella- expuso en su día ante la jueza que desde su departamento se encargó de la tramitación del expediente de enajenación de Can Domenge.

La jefa de contratación también apuntó en su declaración hacia Flaquer, al aseverar que le pidió que sobre este expediente “tratara directamente con él”. Según su versión de los hechos, el ex conseller le dio en mano y por escrito el criterio cuarto del pliego de cláusulas administrativas, por la que se primaba la edificación de viviendas y la presentación del proyecto ejecutivo en el menor tiempo posible.

Sin embargo, sobre este aspecto la jueza y la Fiscalía sostienen que la inclusión de esta cláusula “no tenía más objetivo” que el de incrementar la puntuación de la UTE beneficiaria -formada por Sacresa y Ferrá Tur-, “con la que se había concertado con antelación” y, por tanto, “había tenido tiempo más que suficiente para presentar el proyecto ejecutivo”.

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