Munar se desvincula de la decisión de fijar un precio máximo en la venta de Can Domenge

La ex presidenta del Consell de Mallorca y del Parlament, Maria Antònia Munar, se ha desvinculado este viernes de la decisión de fijar un precio máximo de 30 millones de euros en la venta del solar de Can Domenge, ya que este acuerdo fue “evolutivo” y fue finalmente adoptado por el Consell Executiu. Así, ha negado haber participado en reuniones en las que se abordase este aspecto, aunque sí ha aseverado que estaba de acuerdo con esta cláusula y que, de haber participado en la toma de esta decisión, “la hubiera aprobado”.

La ex dirigente histórica de UM ha realizado estas afirmaciones durante su declaración de más de dos horas ante la titular del Juzgado de Instrucción número 12, Mari Carmen González, el fiscal anticorrupción Juan Carrau y varios de los letrados personados en la causa, que investiga si la UTE adjudicataria de los terrenos -integrada por Sacresa y Ferrá Tur- dispuso de información privilegiada frente a las demás empresas licitadoras, al resultar ganadora del concurso por 30 millones de euros, mientras Núñez y Navarro ofrecía el doble.

Tal y como ha defendido la imputada, asistida por el abogado Gabriel Garcías, la finalidad de esta enajenación, además de obtener 30 millones para los presupuestos del Consell del año siguiente, era “hacer algo bonito que no creara rechazo en el vecindario y fuera bien acogido”. De este modo es como ha defendido que las bases definitivas del concurso estableciesen, en su cláusula cuarta, que para adjudicar el solar las empresas licitadoras debían presentar un proyecto urbanístico de calidad a impulsar en estos terrenos, en lugar de primar la mayor oferta económica.

Y es en este contexto en el que los consellers insulars de Economía, Miquel Àngel Flaquer, de Territorio, Bartomeu Vicens, y el ex vicepresidente del Consell, Miquel Nadal, que “era el coordinador del tema”, plantearon a los técnicos, según supone, de qué forma podía enajenarse Can Domenge “para aunar ambas finalidades”.

En este contexto, la encausada, quien se encuentra imputada en otro caso de presunta corrupción -Maquillaje, por el que está en libertad bajo fianza de 350.000 euros-, se ha mostrado “convencida” de que el expediente para la enajenación de los terrenos se tramitó “correctamente” ya que los técnicos que intervinieron “no son cargos de confianza, sino funcionarios de carrera”. No obstante, ha matizado que no eran funciones de la presidenta vigilar la tramitación del expediente, sino de los técnicos.

Así, sobre la fórmula como se publicó el concurso -primando el proyecto técnico-, resaltó que nadie, ni siquiera la oposición, manifestó “nada en contra” cuando se conocieron las bases y “tampoco hubo ninguna alegación” de ninguna de las 34 empresas que concurrieron. “A nadie les pareció mal”, ha incidido.

NIEGA HABER COBRADO COMISIONES Y “NADIE LO HA HECHO”

En esta misma línea, ha asegurado que no ha cobrado ninguna cantidad o comisión por la adjudicación, como tampoco le consta que “nadie lo haya hecho”. La ex presidenta, a preguntas del fiscal, también ha negado conocer el primer pliego en el que el precio inicial del concurso se establecía en 20 millones de euros y que fue rechazado por Intervención para después determinarse en 30.

En relación a Sacresa, ha asegurado que no conocía a nadie de esta promotora ni se reunió con sus directivos, por lo que desconoce el hecho de cómo la empresa “sabía o tenía conocimiento” del concurso. Es por ello que “no conozco, ni sé, ni puedo afirmar o no que la transmisión de información la efectuase el señor Nadal”.

“NÚÑEZ Y NAVARRO ES LA QUE TIENE MUCHÍSIMA INFORMACIÓN”

Es más, acerca de Núñez y Navarro, ha manifestado que es esta empresa la que “tiene muchísima información, incluso del borrador del Plan General de Palma, que nunca vio la luz”, e incluso ha tildado de “muy novelada” la querella que interpuso el grupo propiedad Josep Lluís Núñez. Munar ha aseverado que las bases del concurso se publicaron justo en el momento en que se inició la catalogación del edificio de Gesa como bien de interés cultural, tras haber sido adjudicado a Núñez y Navarro.

“Creo que alguien de Núñez y Navarro intentó frenar la iniciativa y que el edificio se pudiera derribar”, ha afirmado la imputada, quien ha supuesto que el interés de Núñez y Navarro por ofrecer 60 millones de euros por Can Domenge podría deberse a “un acuerdo de Núñez y Navarro y el Ayuntamiento de Palma”, ya que “quizá podría interesarles negociar algo de la fachada marítima”, donde se ubica el edificio de Gesa.

A su salida de los Juzgados de Vía Alemania, en torno a las 14.45 horas, Munar ha eludido hacer declaraciones a los numerosos periodistas congregados, aunque sí su abogado ha expresado que su declaración ha sido “coherente” y ha ido “muy bien”, ya que ha demostrado “la verosimilitud de lo dicho desde un primer momento”.

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