viernes. 19.04.2024

El Instituto Balear de Turismo (Ibatur) efectuó presuntamente entre 2005 y 2007, con el PP al frente del Govern, un continuo fraccionamiento de contratos para poder adjudicarlos de forma directa a unas 70 empresas, entre ellas Barceló Viajes, Trasmediterránea y los grupos de comunicación Clave y Nimbus, evitando de este modo acometer concursos públicos y utilizando de forma fraudulenta los procedimientos de contratación.

Así lo reflejan varios oficios emitidos por la Jefatura Superior de Policía de Baleares y que constan en el amplio sumario del caso, compuesto por diez tomos, y cuyo secreto ha sido levantado esta semana tras más de año y medio de pesquisas en torno al supuesto desvío de fondos públicos producido a través del Ibatur durante el pasado mandato.

Las investigaciones revelan que era "práctica habitual" de la empresa pública fraccionar contratos y hacerlo de dos formas diferenciadas, es decir, por un lado una sola mercantil facturaba varios contratos menores por un único evento diversificando los conceptos, mientras que por otro se aprecian supuestos de fraccionamiento de contratos cuyo origen es sustancialmente idéntico.

De este modo, en el mismo día llegaban supuestamente a adjudicarse dos o más contratos menores a 12.000 euros cada uno -cifra máxima a partir de la cual no puede formalizarse un contrato menor y debe convocarse concurso- en los que figuraba el mismo concepto, e incluso se han localizado contratos otorgados a empresas vinculadas a otras de las beneficiadas.

Es más, de acuerdo a uno de los oficios policiales que constan en el sumario, no puede concluirse si efectivamente el servicio remunerado tuvo lugar o no, ni en qué condiciones fue realizado.

LAS EMPRESAS MÁS BENEFICIADAS

Entre las sociedades que resultaron adjudicatarias de un mayor número de presuntos contratos irregulares se encuentran Divulgalia -percibió 189.805 euros a través de 25 contratos fraccionados-, Clave -obtuvo quince contratos por 50.180 euros y otros veinte por unos 160.000- y Centro de Comunicación Creativa -que percibió cerca de 143.000 euros tras ser beneficiada con más de quince contratos menores-.

Mientras tanto, otras de las compañías beneficiarias fueron Base de Disseny, Comarca Global Consulting, La Moderna, La Telaraña Informática, Media Consulta y Quid Gràfic.

Cabe recordar que el caso Ibatur se inició en febrero de 2009 con la primera detención de Bonet, quien no sólo reconoció entonces haber defraudado a las arcas públicas 20.000 euros mediante contratos irregulares entre 2006 y 2007 a una familiar nonagenaria, motivo por el cual fue arrestado, sino que confesó además haber hecho lo mismo en seis ocasiones más con otros tres o cuatro familiares haciéndolos pasar por proveedores y malversando hasta un total de 85.000 euros, la misma cantidad que le fue impuesta como caución para evitar su ingreso en prisión.

Así las cosas, la Fiscalía abrió diligencias informativas a principios del pasado año para indagar presuntas irregularidades en la gestión del Ibatur, principalmente en relación a actos de promoción turística. Finalmente, el Ministerio Público decidió deducir querella contra los numerosos ex cargos del Ibatur y empresarios presuntamente implicados en los hechos investigados.

Unas 70 empresas se beneficiaron la pasada legislatura de forma irregular por el Ibatur