Buils, Oliver y tres imputados más declaran este lunes

El ex conseller de Turismo Francesc Buils, el ex director gerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), Antoni Oliver, el ex alcalde y ex concejal de Sóller Antonio Arbona y otros dos imputados dentro del caso Voltor están citados a declarar mañana y el martes ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10, Mari Carmen Abrines, quien centrará los interrogatorios en la adjudicación desde la empresa pública de un contrato de 12.000 euros a Arbona por un servicio que, según las investigaciones, nunca llegó a realizarse.

En concreto, mañana comparecerán el propio Arbona (a las 10.30 horas) y la técnico laboral del Inestur, Catalina de Miguel (11.30), ambos como imputados, así como la técnico superior de Contabilidad de la empresa, María Victoria Guijarro (9.30), en su caso como testigo. Mientras tanto, el martes será el turno de Buils (9.30), Oliver (10.30) y del gerente del Instituto de Inversiones para la Mejora del Entorno Turístico (Imet) y concejal de Alaró, Antoni Rebassa (11.30), también en calidad de encausados.

Se trata, de unos hechos por los que la Fiscalía solicitó la apertura de la pieza 4 del caso, al postular que Buils ordenó a Oliver y Rebassa la contratación de Arbona, asistido por el letrado Jaime Campaner, por un total de 12.000 euros -cantidad máxima por la que puede adjudicarse un contrato sin la necesidad de convocar un concurso- para llevar a cabo un asesoramiento sobre turismo activo y senderismo en la Serra de Tramuntana.

Sin embargo, a este primer contrato que se le abonó al ex primer edil de Sóller y entonces guía y técnico especialista en turismo, siguió una ampliación de 3.000 euros que también percibió por el mismo concepto, todo ello pese a que la Fiscalía sostiene que la única intención de Buils era recompensar la antigua amistad que le unía a Arbona, ya que según la acusación pública no se han hallado documentos que justifiquen la realización del asesoramiento.

No obstante, en su comparecencia, Arbona aportará numerosos documentos para acreditar que el trabajo se llevó a cabo, y negará de este modo las acusaciones que pesan sobre él. En la declaración que ya efectuó en sede policial recordó que en su día expuso a Buils la necesidad de dar a conocer la Serra y defendió que el importe percibido se correspondía a la actividad que venía realizando en la zona más que por la contratación para este trabajo, al que afirmó haber dedicado unas 300 horas.

Ésta será la segunda vez que Buils, asistido por el letrado Mateu Sedano; Oliver, defendido por Miquel Albertí (ambos en libertad bajo fianza de 100.000 euros), y Rebassa, representado por Carlos Barceló, depongan ante la magistrada instructora del caso Voltor. Todos ellos fueron ya citados para junio, aunque las comparecencias fueron pospuestas a julio y finalmente éstas han sido aplazadas al mes de agosto.

Fue el pasado 14 de abril cuando la jueza acordó levantar el secreto de sumario de la causa, por la que fueron detenidas una veintena de personas, entre ellas Buils y Oliver, además del también ex consejero de Turismo Miquel Nadal, el ex director general de Planificación Turística, Joan Sastre, el ex presidente de UM Miquel Àngel Flaquer, y varios empresarios vinculados a la formación ‘uemita’.

Además, nueve de los arrestados se encuentran en libertad bajo fianza. Así, cinco de ellos, Nadal, Flaquer, Sastre, Oliver y el contable de UM Álvaro Llompart eludieron ingresar en prisión tras depositar cauciones de entre 75.000 y 100.000 euros que el juez les impuso el pasado 6 de febrero, mientras que en la segunda fase de la operación, Buils, el empresario Jacinto Farrús y dos propietarios de la empresa de informática Minser, Gabriel Rivas y Juan Carlos Escuer, tuvieron que constituir 100.000 euros de fianza el pasado 19 de marzo.

Las pesquisas llevadas a cabo hasta el momento apuntan a que pudieron cometerse los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude a la administración y cohecho. La operación fue abierta el pasado 3 de febrero por orden del Juzgado de Instrucción número 10, encargado del caso tras la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción.

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