La Fiscalía sigue acusando a Pol de recibir un soborno de 120.000 euros

El que fuera director general de Emergencias durante la pasada legislatura del PP, Joan Pol, ha afirmado en calidad de imputado ante el juez que instruye el caso Bomsai que entre 2004 y 2007 llevó a cabo un servicio de asesoramiento a la empresa Iturri, por el que pactó el cobro de 120.000 euros a través de la sociedad Masal Urbis -en la que participaba-, cantidad de la que no vio “ningún euro” pese a que dedicó a este servicio “muchas horas” de trabajo.

De este modo es como el encausado, asistido por el letrado Gaspar Oliver, ha negado las acusaciones vertidas contra él por la Fiscalía Anticorrupción, que postula que los 120.000 euros (más 20.000 en concepto de IVA) corresponderían a un soborno de Iturri, que gozó de una participación notable en la dotación técnica del nuevo parque de bomberos de Palma. Una infraestructura que se encuentra bajo investigación dentro de esta causa por un presunto desvío de fondos públicos producido durante su adjudicación y construcción.

En su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1, Juan Catany, el fiscal Miguel Ángel Subirán y varios de los abogados personados en este procedimiento, Pol explicó que decidió acordar el cobro a través de Masal Urbis para no declararlo a Hacienda “de golpe”, aunque recordó que su socio al 50 por ciento en esta sociedad, Juan Mas, le dijo que no se había llegado a un acuerdo para ello con Iturri.

“Ignoraba que se había facturado y cobrado”, ha aseverado el ex director general, quien ha asegurado que fue durante su detención, a mediados de abril, cuando supo que Iturr “había pagado”. De hecho, tras mostrarse “desconcertado y engañado”, Pol ha manifestado que acudirá a la vía civil para reclamar el dinero por los servicios que prestó, y que en cualquier caso no eran incompatibles con su cargo como director general de Emergencias.

Sin embargo, su declaración contrasta con la que ya efectuó el propio Mas, quien apuntó ante el juez -ya lo había hecho antes en sede policial- que Pol le ordenó en 2007 emitir tres facturas por un total de 140.000 euros a Iturri, pese a no constarle que la empresa participada por ambos realizase algún servicio que justificase el cobro. Es más, recalcó que todas las facturas las confeccionó el mismo día, si bien poniéndoles fechas diferentes, e incluso que el dinero percibido se empleó para pagar las nóminas mensuales, de unos 6.000 euros, de ambos socios.

Pol, cuya declaración se ha prolongado durante más de dos horas, ha acusado así a Mas de “mentir” ya que “le ha seguido la pista al dinero”. “Ellos” -en referencia a Iturri- “han ganado mucho dinero y yo tengo cero”, ha incidido el declarante, quien ha recordado que durante meses el asesoramiento fue gratuito y “fue ya al final”, con el producto realizado, cuando hablaron de dinero. “No hice esto con ánimo de cobrar ni hubo ningún contrato mercantil de asesoramiento, fue una relación de confianza”, ha precisado Pol, quien ha asegurado que tras ello “no nos repartimos nada, el dinero está ingresado en Masal Urbis”.

POL ASESORÓ A ITURRI PARA DOS PROYECTOS

El encausado ha detallado que asesoró a Iturri para dos proyectos, el primero de ellos relativo a un sistema telemático y de telecomunicaciones y que reporta un beneficio de “millones de euros” a la empresa, mientras que el segundo, que finalmente no cuajó, consistió en estudiar la implantación de una escuela de altos mandos de bomberos europeos en Mallorca.

El fiscal le ha recordado finalmente que en su declaración en dependencias policiales, Pol señaló que Eduardo Díaz, uno de los responsables comerciales de Iturri, le llamó “para unas obras” y que ese tema lo llevaba Juan Mas, ante lo cual el ex director general ha aclarado ante el juez que “dije lo de las obras porque desconocía esas facturas y creía que habían realizado algún trabajo aparte” del asesoramiento de Pol. “Al no haber estado nunca detenido tuve una sensación nueva y al estar 40 horas incomunicado dije cosas en el asombro”, ha recalcado.

Cabe recordar que en el marco de este procedimiento se indaga si se cometieron los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, entre otras posibles infracciones penales, en el marco de la adjudicación y construcción del parque de bomberos y de la nueva sede de la Conselleria de Salud.

Unos presuntos hechos por los que han sido detenidas un total de ocho personas, entre quienes se encuentran, además de Pol, el ex director general de Tributos, Jorge Sainz de Baranda (en libertad bajo fianza de 50.000) y el ex gerente de la empresa pública CAIB Patrimoni, Jaume Vidal, mientras que también está imputado el ex conseller de Economía, Lluís Ramis de Ayreflor, para quien la magistrada sustituta Margarita Bosch decretó prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros.

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