La Fiscalía da carpetazo al expediente de Son Rossinyol

La Fiscalía ha acordado archivar las diligencias informativas que incoó el pasado mes de junio en torno al expediente de alquiler por parte de la empresa del Govern CAIB Patrimoni de un edificio situado en el polígono de Son Rossinyol para la ubicación de varias dependencias públicas, al subrayar que el arrendamiento no constituye conducta alguna que “por tener relevancia penal deba ser investigada ni fiscal ni judicialmente”.

En su propuesta de archivo, el Ministerio Público defiende que tanto el alquiler del inmueble a la empresa Inversions Can Font y su posterior subarriendo a la Agencia Balear del Agua por parte de CAIB Patrimoni se ajusta a las normas de contratación de derecho común, por tratarse de una Sociedad Anónima y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones de las Administraciones Públicas.

Fue el propio conseller de Economía y Hacienda, Carles Manera, quien a principios de junio entregó al fiscal anticorrupción Pedro Horrach el expediente de arrendamiento a fin de que la Fiscalía aclarase si hubo alguna irregularidad, tal y como denunció el PP, en este proceso de arrendamiento del edificio, destinado a albergar las dependencias de la Conselleria de Medio Ambiente y Movilidad, algunas de las empresas públicas adscritas a este departamento y la Escuela Balear de Administración Pública.

El documento, suscrito por el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, responde de este modo a la petición del conseller, quien entregó para proceder a las indagaciones diversa documentación integrada por el escrito a la Dirección General de Patrimonio para la adquisición en régimen de arrendamiento o alquiler con opción a compra del edificio; la publicidad en prensa de la necesidad de CAIB Patrimoni de adquirir el inmueble; la presentación de cuatro ofertas, y el acuerdo del Consejo de Administración para la adjudicación del contrato a Inversions Can Font.

Cabe señalar que en la carta enviada al Ministerio Público, Manera defendía que la tramitación del expediente de alquiler fue “a todas luces correcta, transparente y adecuada a Derecho”, si bien adjunta una relación y una copia de los aspectos y documentos más relevantes integrantes del citado expediente con la intención de “mostrar más si cabe la transparencia de dicho procedimiento ante las diversas instancias con funciones de fiscalización y control de la legalidad”.

CASI CIEN MILLONES DESTINADOS AL ALQUILER

Y es que el diputado del PP en el Parlament José María Rodríguez había presentado semanas antes diversas preguntas e incluso una interpelación en las que criticó al Govern por presuntas irregularidades en el proceso y una posible malversación de caudales públicos, al “hipotecar a la Comunidad” en casi 100 millones de euros por haber alquilado con opción a compra este edificio, situado en el número 10 de la Calle Corredors de Son Rossinyol.

En concreto, el parlamentario ‘popular’ aseveró que el Ejecutivo balear destinaría 83 millones de euros para alquilar este inmueble, mientras que aportaría otros 10 millones de euros para garantizarse la opción de compra del mismo.

Sin embargo, Manera defendió de manera reiterada en la Cámara que el edificio del Polígono de Son Rossinyol fue la mejor opción de las cuatro ofertas que se presentaron al anuncio público del Govern, debido a que ofrecía el mejor precio y el espacio más amplio, teniendo en cuenta que dispone de 24.000 metros cuadrados, lo que supone 10.000 metros más que lo que habían solicitado las Consellerias afectadas.

Para el PP, la contratación de este acuerdo se vio envuelta en diversas “irregularidades”, como “la falta de publicidad y concurrencia” de la oferta, además de “faltar la publicación del obligado perfil del contratista”, tal y como indicó Rodríguez. Asimismo, incidió en que “no se puso en marcha el expediente hasta que el adjudicatario no hubo realizado la escritura de obra nueva, a pesar de que hacía un año que la Conselleria de Medio Ambiente había tramitado su petición de espacio”.
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