La Fiscalía pide que Alía continúe en prisión sin fianza por riesgo de fuga

La Fiscalía ha defendido, durante una vista celebrada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que el ex gerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Juan Carlos Alía, imputado dentro del caso Ibatur, debe continuar ingresado en prisión sin fianza dado su elevado riesgo de fuga y de que interfiera en las investigaciones de este procedimiento, que indaga un presunto desvío masivo de fondos públicos desde la empresa pública durante la pasada legislatura.

En el marco de esta diligencia, llevada a cabo con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa de Alía para pedir su excarcelación, el fiscal Adrián Salazar ha mantenido que el ex responsable del Ibatur podría alterar los distintos medios de prueba y sustraerse de la acción judicial a tenor de las penas que acarrean los numerosos delitos que se le imputan. Además, ha razonado que cobró comisiones por la adjudicación de contratos desde la empresa y que participó en una incorrecta tramitación de numerosos expedientes.

En concreto, sobre Alía pesan un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, prevaricación, defraudación a la Administración, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales, tal y como consta en el auto que dictó en primera instancia el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, y al que tuvo acceso a Europa Press, para desestimar el recurso de reforma que ya interpuso el encausado a través de su letrado José Ignacio Herrero.

El abogado, sin embargo, ha alegado en la vista que su patrocinado no aguarda ninguna intención de huir ni de destruir pruebas, e incluso ha presentado varios informes dirigidos a probar que no percibió dádivas por la concesión de contratos, en contra de lo que en su día declaró el propietario de la empresa Comunicación Creativa, Bartolomé Morey.

Y es que el publicista, quien percibió más de dos millones de euros de diversas contrataciones, confesó ante el juez haber pagado comisiones de un 10 por ciento a Alía bajo el apercibimiento de que, en caso contrario, no se le seguiría contratando, mientras que al también ex gerente del Ibatur, Raimundo Alabern, afirmó haberle pagado unos 12.000 ó 13.000 euros. Tras esta declaración, el pasado 17 de julio el juez procedió a decretar el encarcelamiento de Alía, quien hasta entonces se encontraba en libertad bajo fianza de 30.000 euros.

No obstante, ésta no es la única confesión arrojada en torno a la actuación presuntamente irregular de Alía, único imputado de la causa que ha ingresado en el centro penitenciario de Palma. Del mismo modo, funcionarios del Ibatur han llegado a aseverar que el ex gerente les instó a fraccionar contratos -menores de 12.000 euros para eludir el concurso público- pese a saber que “no se podía”, siendo advertidos de que “si no te gusta, ya sabes donde tienes la puerta”.

Está previsto que en los próximos días el tribunal de la Sección Segunda se pronuncie sobre la petición tanto de la defensa de Alía como del Ministerio Público.

ERA “PRÁCTICA HABITUAL” FRACCIONAR CONTRATOS

De acuerdo a las pesquisas efectuadas, era práctica habitual el fraccionamiento de contratos al objeto de evitar alcanzar los 12.000 euros y así adjudicar de forma directa un determinado servicio a la empresa ya seleccionada de antemano. En la misma línea, el magistrado instructor del caso Ibatur asevera que “muchos” de los contratos adjudicados carecen de justificación que acredite la realización del servicio, constata pagos “totalmente excesivos” y alude a la invitación de empresas del mismo grupo en las contrataciones por más de 12.000 euros.

Cabe recordar que, hasta el momento, un total de 16 personas han sido arrestadas en el marco de estas investigaciones. Además de Alía y Alabern, también fueron detenidos el ex secretario y ex asesor jurídico de la empresa pública, Miquel Àngel Bonet, uno de los socios propietarios del grupo Clave Comunicación, Juan Velasco, y el empresario de relaciones públicas Kamal Dorai.

También han sido detenidos el socio de Clave Alberto Vergés, cuatro jefes de diferentes secciones del Ibatur, F.T.B., L.S., A.G. y P.P.; el empresario de Gestora Balear de Negocios, José Calvo; el presunto testaferro de éste, Mariano Villalba; y la mujer de Kamal Dorai, Francisca J, todos ellos en la primera fase del caso, que se abrió a finales de junio. Fue semanas después cuando, en una segunda fase, fueron detenidos el propietario de la productora Spiral, Guillem Deyà; Bartolomé Morey, y el presidente del Grup Trui, Miquel Jaume.

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