El Ayuntamiento de Palma se ha convertido en la primera administración pública en interponer una demanda contra diversas compañías de telefonía móvil a las que acusa de aplicar cláusulas abusivas a los usuarios en sus contratos.
Así lo ha asegurado la concejal de Relaciones Institucionales, Turismo, Comercio y Consumo, Joana Maria Borràs, en una rueda de prensa en la que también ha participado el gerente del Instituto Municipal de Protección del Consumidor (IMPC), Xavier Pascuet, quienes han señalado que si de esta demanda resultara una sentencia en su favor significaría un precedente del cual se podrían beneficiar unos 50 millones de contratos de telefonía móvil en España.
Este cálculo procede del total de contratos que tienen las compañías contra las que el Ayuntamiento ha interpuesto la demanda. Concretamente son Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo, Symio, Racc Móvil, MÁSMóvil y Carrefour Online.
Borràs ha señalado que antes de interponer la demanda, el Consistorio hizo un requerimiento a dichas compañías para que hicieran modificaciones en algunas de sus cláusulas. Así, ha indicado que todas las empresas, a excepción de Movistar, contestaron al escrito, al tiempo que hicieron algunas adaptaciones en algunos de los puntos denunciados, lo que a su parecer ya fue "un avance".
La concejal ha anunciado la intención de algunas asociaciones de consumidores de las islas de adherirse a esta demanda, tales como ACUIB, Ausbanc, La Defensa, Nuredduna o Fepae, entre otras.
Pascuet, por su parte, ha apuntado que en unos seis meses esperan que comience el juicio por esta causa, el cual prevé que forme parte de un proceso de larga duración. Ha explicado que se han denunciado una serie de cláusulas abusivas que realizan todas las compañías de telefonía demandadas, además de otras particulares que realizan sólo algunas.
Entre las ilegalidades generalizadas en todas las compañías, Pascuet ha destacado la ausencia de una dirección de correo electrónico que la ley obliga a tener y en la que los usuarios puedan realizar comunicaciones como las solicitudes de altas o bajas, por ejemplo.
La presidenta de Ausbanc en Baleares, Isabel Martorel, quien también ha estado presente en la rueda de prensa, ha afirmado que otras de las cláusulas abusivas que aplican todas las compañías son "el plazo excesivo" para poner en marcha algunos servicios; la falta de información sobre las tarifas, donde se indica el precio pero no el procedimiento de pago; la modificación del contrato e interrupción del servicio con "criterios oscuros y no clarificados"; y la falta de reciprocidad en las penalizaciones por incumplimiento contractual.
Asimismo, la mayoría de las compañías también infringen la normativa actual en asuntos como la limitación de la responsabilidad de facturas de itinerarios internacionales; la eliminación de la indemnización del servicio por estar en el extranjero; el corte sin razón del servicio -que además debe probar el propio abonado-; la prevalencia de los registros internos de la compañía frente a la información aportada por el consumidor; o el no notificar que ante un conflicto el usuario tiene la posibilidad de recurrir a la vía judicial para solventarlo, entre otros, según Martorell.
Pascuet ha añadido que muchas de las compañías no informan de que los clientes tienen distintas posibilidades de pago y que muchas exigen al usuario una cuenta bancaria en la que domiciliar la factura.
Además, se incluyen incumplimientos como la limitación del derecho de desistimiento; cláusulas de limitación de responsabilidad por daños y perjuicios generados por las operadoras; incumplimientos de la normativa de protección de datos; la falta de reciprocidad o el uso de términos ambiguos.
