Piden a ETA “un alto el fuego permanente, unilateral y verificable”

La antigua Batasuna ha pedido hoy a ETA que declare “un alto el fuego permanente, unilateral y verificable” en un documento que también han firmado EA, Aralar, Alternatiba y Abertzaleen Batasuna (AB) (la izquierda abertzale del país vasco francés) y que ha sido presentado esta tarde en un acto político en Gernika (Vizcaya).

El dirigente de la izquierda abertzale Rufi Etxeberria; el presidente de EA, Pello Urizar; el coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta; el portavoz de Alternatiba, Oskar Matute y el dirigente de AB, Joseba Garai, han participado en la presentación del documento “Acuerdo para un escenario de paz y soluciones democráticas”.

En dicho texto, se aboga por “asentar una situación de no violencia con garantías y un primer estadio de normalización política” y señala que para ello ETA debe declarar “un alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacional como expresión de voluntad para un definitivo abandono de su actividad armada”.

La base de este acuerdo, al que ahora se han sumado Aralar, Alternatiba y AB, es un documento elaborado por Batasuna y EA, cuyo contenido se conoció hace tres semanas, en el que ya figuraba la petición a la organización terrorista de que declare un alto el fuego de carácter permanente.

También han respaldado el acuerdo los sindicatos LAB, EILAS, EHNE, HIRU, ESK y ELB, así como diecinueve asociaciones entre las que figura el Movimiento Pro Amnistía y la asociación de familiares de presos de ETA, Etxerat.

Durante el acto, que se ha prolongado durante algo más de media hora, se ha leído el documento en euskera, francés y castellano.

Posteriormente, un representante de cada asociación firmante se ha dirigido al atril donde se encontraba el documento para estampar en él su firma, siendo Rufi Etxeberria el más ovacionado.

El documento, ya con la firma de todos, será custodiado por el alcalde de la localidad, José María Lorroño (EA), que ha sido el único en pronunciar un breve discurso durante el acto político.

El acuerdo, además de pedir un alto el fuego a ETA, reclama “la desaparición de todo tipo de amenazas, presiones, persecuciones, detenciones y torturas contra toda persona por razón de su actividad e ideología política”, al tiempo que exige el reconocimiento de los “derechos civiles y políticos” y la “derogación de la Ley de Partidos Políticos.

También se pide “el cese de la política penitenciaria” vigente, para lo que detalla medidas como el fin de la dispersión, la liberación de los reclusos con graves enfermedades, la concesión de libertad provisional a los presos preventivos pendientes de juicio y también la de los que “hayan cumplido los requisitos legales” para obtenerla.

Asimismo, se reclama “la revisión de los procesos judiciales contra personas y estructuras organizativas derivados de su actividad política”, la supresión de “tribunales especiales” y “el levantamiento de las medidas restrictivas y/o prohibitivas en su actividad política impuestas a militantes independentistas”.

El acuerdo también aboga por “impulsar la participación de agentes internacionales a fin de verificar que no se produce ninguna vulneración de derechos humanos”.

Todas esta medidas servirían, según los firmantes, para consolidar un “escenario de paz y normalización política” en el que se activen “espacios de diálogo y negociación política para abordar en su integridad las causas y consecuencias del conflicto”.

Dicho diálogo, señala el texto, debe regirse por los “principios Mitchell”, en referencia al mediador estadounidense George Mitchell, que incluyen el rechazo del recurso de la violencia y el compromiso de que se respeten los acuerdos alcanzados por las “negociaciones multipartitas”.

También se señala que esa negociación “será patrimonio exclusivo de los agentes políticos, sindicales y sociales” y que su objetivo será pactar el modelo jurídico político de Euskadi y su relación con España y Francia, sin excluir opciones como la independencia.

El último punto del manifiesto alude a la “necesidad de un reconocimiento, reconciliación y reparación de todas las víctimas, originadas por el conflicto político y la realidad de las múltiples violencias”. EFE.

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