El canon digital se sienta en el banquillo

El canon digital se sienta mañana en el banquillo de la Justicia europea acusado de infringir las leyes, para lo que contará con las entidades de gestión y el Gobierno como abogados defensores y con los fabricantes de electrónica, los usuarios de internet y los partidos de la oposición como fiscales.

Se abre la sesión y habla la defensa. La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, cuando todavía su predecesor César Antonio Molina era ministro en funciones, ya trazó el alegato: “En el canon digital hay mucha demagogia y a los autores nos duele que haya más comprensión hacia esas empresas importadoras de tecnología”, afirmó.

Turno de la acusación. El portavoz de las nuevas tecnologías del PP en el Senado, José María Chiquillo, afirmó en mayo: “El canon es un instrumento injusto que equivale a que el Gobierno se ahorre todas las señales y los agentes de tráfico y para luchar contra las infracciones o evitar los accidentes se limite a cobrar un canon a los conductores”.

El hecho de que la tasa sea indiscriminada por su presumible utilización para la copia privada es uno de los puntos incandescentes del debate y el detonante de la denuncia.

“Si se utiliza una creación que es ajena hay que pagar por ella sea el artilugio de la especie que sea”, decía José Luis Borau, director de cine y presidente de SGAE.

Pero, sin derribar ese argumento, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), defiende que el canon implica que paguen “justos por pecadores” y la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACU) muestra un rechazo “frontal” por suprimir el principio de inocencia.

Esta misma opinión la defendió en mayo la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) en unas conclusiones sobre el caso que mañana se resolverá y que enfrenta a la Sociedad General de Autores (SGAE) y a la compañía española de soportes audiovisuales Padawan, S.L.

Más leña al fuego echó la moción aprobada en julio por el Senado en la que se instaba al Gobierno a eximir a las Administraciones públicas del pago del canon digital.

El senador de Coalición Canaria Narvay Quintero esgrimió entonces: “No se puede comprender el cobro del llamado ‘canon digital’ concretamente a la Administración local, teniendo en cuenta que el material utilizado se destina para uso y almacenamiento de documentos que no están sujetos a derechos de propiedad intelectual”.

González-Sinde apunta a los empresarios. “Los fabricantes han trasladado el problema a los consumidores” al repercutir sobre éstos el canon digital, cuando son las propias empresas las que deberían asumir este tipo de compensación.

Y alertó de que hay que evitar que las grandes distribuidoras no se arriesguen a invertir en España porque “no es segura”, como ocurre ahora con i-Tunes, que no permite la compra de películas desde este país.

Desde la plataforma Todoscontraelcanon, se dirigieron en febrero por escrito al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

En aquella misiva la plataforma consideró que “algo no funciona” cuando se dan casos como tener que pagar “un canon que duplica el coste de un soporte para grabar las fotos” familiares o que los artistas “paguen más por el canon de lo que les abonan las entidades de gestión”.

Revuelo en la sala. Las entidades de gestión se defienden reclamando “seriedad a la hora de valorar los derechos de propiedad intelectual y evitar sensacionalismos que confunden a la sociedad y que pretenden, únicamente, erosionar los derechos de los titulares”.

Y aclaran que un 71 por ciento de sus beneficios se distribuye entre sus socios, los artistas, mientras que el 20 por ciento está destinado a actividades sociales y de asistencia y el 9 por ciento a gestión y administración.

En el jurado popular (los internautas) declaran culpable al canon por un 78% de los votos, según la XII Encuesta a Usuarios de Internet.

Y, en el punto medio, la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC) aceptó la tasa, pero pidió su rebaja porque, apunta, resta competitividad a la industria española. Visto para sentencia.EFE / Mateo Sancho Cardiel

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