El Bloc propone que las administraciones públicas baleares dejen de pagar el canon digital

El Bloc insta a todas las administraciones públicas de Baleares a emprender “las acciones necesarias para dejar de pagar el canon digital y para recuperar” lo que han pagado por este concepto, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegal cuando se aplica a empresas e instituciones.

La coalición de izquierdas y nacionalista ha presentado una proposición no de ley en este sentido que probablemente se debatirá en el próximo pleno del Parlament y en la que plantea también que la Cámara exprese su respaldo a los municipios que han solicitado quedar exentos del pago del canon que recauda la Sociedad General de Autores de España (SGAE).

El diputado ecologista Miquel Àngel Llauger ha explicado hoy en rueda de prensa que el Bloc considera el canon digital “una mala fórmula” para compensar a los titulares de derechos de propiedad intelectual, puesto que supone presumir que cualquier usuario de soportes de información o aparatos que permitan realizar copias va a hacer un uso indebido de los mismos.

Este culpabilización a priori con fines recaudatorios es especialmente injusta, según Llauger, cuando se refiere a las instituciones públicas, que emplean desde fotocopiadoras hasta discos vírgenes o memorias USB para sus tareas administrativas y no para copiar discos, películas o libros.

Tras la imposición del canon, concejales de diversos partidos de izquierdas promovieron mociones reclamando la exención de esta cuota en ayuntamientos como Artà, Santa Margalida, Manacor, Capdepera e Inca.

En este último municipio, cuyo Ayuntamiento ya aprobó una petición al Gobierno para que no se aplicara la tasa para compensar la vulneración de derechos de autor, mañana se debatirá una propuesta del PSM en la que se insta a la presentación de una demanda para recuperar “todo el dinero que se ha gastado con el canon digital”.

Llauger ha considerado necesario que todas las administraciones intenten que le sean devueltos todos los fondos abonados por la tasa, que supone un sobrecoste medio del 20 por ciento en los productos electrónicos con capacidad de almacenar o reproducir y que alcanza el 50 por ciento del precio en artículos como los discos vírgenes.

No obstante, ha admitido que será complicado calcular el montante exacto del canon abonado por las instituciones públicas, pero ha propugnado que se busquen fórmulas para compensarlas por lo que se les ha cobrado ilegalmente.EFE

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