Las “otras” víctimas del terrorismo

Fueron asesinados, heridos o secuestrados fuera de España. Son españoles y víctimas del terrorismo, pero el Estado nunca les reconoció el derecho a una indemnización. La vigente Ley de Víctimas sigue imponiendo un requisito que no pueden cumplir: que el atentado se perpetrara contra intereses españoles.

Es el caso de los ocho turistas españoles asesinados en un atentado suicida en Yemen de julio de 2007, o la española que perdió la vida cuando trabajaba en una de las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001.

También le puede ocurrir lo mismo al cooperante Albert Vilalta, que pasó 267 días en manos de Al Qaeda en el desierto de Mali, y que ahora ha iniciado los trámites para ser reconocido como víctima del terrorismo, paso previo para recibir una indemnización del Ministerio del Interior.

Demostrar que el atentado se produjo por ser “español” y contra “intereses españoles” y no por estar en el sitio equivocado en el momento equivocado, es el muro legal contra el que chocan aproximadamente una veintena de víctimas del terrorismo que, a día de hoy, no tienen derecho a ayudas económicas.

Aunque no son las únicas. Alrededor de dos centenares de familias, en su mayoría de las Islas Canarias, siguen esperando a que el Estado les indemnice por los asesinatos y secuestros perpetrados presuntamente por el Frente Polisario en la década de los 70 y 80.

La mayoría de las víctimas eran pescadores o trabajadores españoles de la antigua colonia del Sahara Occidental, quienes durante años han sufrido “el olvido y el ostracismo” por parte del Gobierno español.

Así lo denuncia a EFE Lucía Jiménez, presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (ACAVITE), hija de un trabajador de las minas de Fos Bucraa, en el Sahara, que padeció secuelas de por vida tras la explosión de una bomba en un atentado del Frente Polisario.

Jiménez recuerda también la tragedia de las familias de los tripulantes del barco “Mencey de Abona”, desaparecido en extrañas circunstancias en noviembre de 1980, y que incluso tardaron años en empezar a cobrar una pensión de viudedad.

“Las víctimas del Frente Polisario sentimos una gran indignación porque los responsables de aquellos atentados nunca han sido juzgados, se pasean libremente, reciben subvenciones del Gobierno español y, para colmo, son considerados luchadores por la libertad”, se lamenta.

Según Jiménez, de las casi 300 familias afectadas, apenas medio centenar han cobrado a día de hoy algún tipo de indemnización. El resto, aquellos que por falta de información no solicitaron las ayudas en plazo, tendrán que esperar.

“Hay situaciones del pasado que no se resolvieron nunca”, reconoce a EFE el director general de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo, José Manuel Rodríguez Uribes, que destaca que esta laguna legal quedará zanjada con la futura Ley Integral que ahora tramita el Congreso con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios.

La futura norma pretende amparar a todos los españoles víctimas del terrorismo, con independencia del lugar y el móvil del atentado.

Tendrá además efectos retroactivos hasta 1960, año del primer atentado atribuido a ETA, el asesinato de la niña Begoña Urroz, en una explosión registrada en la estación donostiarra de Amara.

“Esta ley es nuestra gran esperanza”, proclama la presidenta de ACAVITE, que ha pedido una reunión con la nueva ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, para que el contencioso del Sahara Occidental también se “enfoque” desde la perspectiva de las víctimas en las instancias internacionales.

No obstante, el texto de la ley integral remitido al Congreso es tajante: la norma sólo ampara a las víctimas del terrorismo. Seguirán quedando fuera quienes fueron objeto de secuestro a manos del crimen organizado, la delincuencia común o la piratería, como los tripulantes del atunero vasco Alakrana, capturado en aguas del océano Índico.

Por otro lado, la solicitud del cooperante Albert Vilalta abre un debate sobre la conveniencia de que el Estado deba indemnizar a personas que, conscientemente, viajan a zonas de riesgo y que después sufren un atentado terrorista.

Sobre este punto, José Manuel Rodríguez Uribes deja claro que el papel del Ministerio del Interior no es hacer “juicios morales” sino jurídicos.

Pese a ello, el director general de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo ha apelado a las responsabilidad de los ciudadanos que, en ocasiones, realizan viajes de placer a zonas de riesgo.

De hecho, la futura ley contempla una rebaja de entre el 30 y el 40 por ciento de las indemnizaciones económicas que podrán percibir estas personas o sus familias, en función de si contaban con algún seguro de viaje cuando sufrieron el atentado. EFE

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