Suspenden la tramitación del PRI de la reforma de la Playa de Palma

El Consorcio de la Playa de Palma ha anunciado hoy la suspensión de la tramitación del Plan de Reconversión Integral de esta zona turística y el inicio de una etapa de gobernanza orientada a buscar un acuerdo firme sobre un nuevo documento urbanístico, para el cual no se han marcado plazos.

Esta decisión supone por tanto el levantamiento de la suspensión de licencias de obra en la zona a la que obligaba la tramitación del PRI y permitirá al Consorcio rebajar “la presión” y estudiar en profundidad las 1.335 alegaciones presentadas al documento urbanístico.

Estas alegaciones -sobre las cuales se ha hecho ya una primera lectura- se contestarán “todas”, según han asegurado hoy en rueda de prensa la presidenta del Consorcio, Joana Barceló, y la comisionada, Margarita Nájera, y se tendrán en cuenta para la redacción del nuevo documento urbanístico.

El 80,30% de las 1.335 alegaciones han sido presentadas por particulares (1.072), un centenar de propietarios de locales comerciales y otro del sector hotelero. Las zonas en las que se han presentado más han sido La Porcíncula (306); La Ribera (300); S’Arenal de Llucmajor (248) y Can Pastilla (147).

La suspensión del PRI, no obstante, no implica la paralización del Plan de Acción Integral de la Playa de Palma, un documento marco en el que figuran 29 programas y 98 actuaciones que se seguirán llevando a cabo y que supondrán una inversión de 127 millones de euros en este año y el próximo.

Estas actuaciones incluyen, entre otras el anteproyecto de los accesos a Playa de Palma, que Nájera ha señalado que se adjudicará en pocas semanas; obras de rehabilitación en 18 edificios (165 viviendas y 30 locales) que estarán en marcha el 30 de este mes y pequeñas acciones encaminadas a una mejor eficiencia energética.

El trabajo en la Playa de Palma, por tanto, continuará, pero el proyecto urbanístico que habría de ser pionero en todo el Estado se pospone, supeditado a que haya un acuerdo político firme e irreversible sobre los cambios más drásticos que se quieren hacer en la zona.

“Se suspende la tramitación, no el trabajo hecho”, ha incidido la presidenta del Consorcio y consellera de Turismo, Joana Barceló, quien ha asegurado que se trabajará sin descanso en este asunto, con el objetivo de que haya un acuerdo y un nuevo documento urbanístico antes de las elecciones de mayo, “aunque es difícil”.

El director urbanístico del consorcio que impulsa el proyecto, Joseba Doñobeitia, ha abundado en la complicación que supone hablar de plazos cuando hay 1.335 alegaciones que han de ser estudiadas y contestadas -“algo que no se hace en tres días”, ha advertido- y, además de las propuestas técnicas concretas que han de hacerse, han de producirse acuerdos políticos para hacer cambios.

La ausencia de ese acuerdo ha supuesto la retirada del PRI, pero esto, según la consellera de Turismo, no ha de achacarse ni a un fallo de gestión política ni a que los implicados en el proyecto se hayan visto superados por las circunstancias (dura contestación vecinal y política).

No obstante, sí ha admitido que no se esperaban estar en una situación como la de hoy: “A veces piensas que las voluntades de acuerdo son un poco más firmes y luego no pasa”, ha dicho Barceló.

“Las alegaciones eran previsibles, lo que no era previsible era que quien había dicho hasta hace un momento que estaba comprometido con un proceso y con un convencimiento de que había que hacer unas cosas, al día siguiente se pudiera en la mesa de al lado”, ha apostillado Doñobeitia.

La junta rectora del Consorcio, que se ha reunido hoy, informará esta tarde al Consorcio de todo lo que se ha decidido respecto del PRI así como de las actuaciones del Plan de Acción Integral para los próximos dos años. EFE

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