La Federación de Gays que gestionaba el piso no paga a sus empleadas desde junio

Cuatro trabajadoras de la Federación Balear de Gays y Lesbianas han demandado a esta entidad, que gestionaba con dinero del Govern un piso de acogida de mujeres que supuestamente se vieron expuestas a vejaciones y maltrato, porque no les paga sus sueldos desde junio y por despido improcedente.

Según han informado a Efe desde CGT, la Federación no paga desde junio los sueldos de las trabajadoras, mes en que el Govern suspendió la subvención para el piso de acogida de Palma después de recibir quejas del supuesto maltrato a las usuarias.

En este piso se produjo, según han denunciado las mujeres que allí residían, un presunto delito de vejaciones y de maltrato psicológico por parte del responsable de la Federación y gestor del piso, Alberto H.P., quien fue detenido por estos hechos.

De forma paralela a la apertura de una investigación penal en el Juzgado de Instrucción 1 de Palma por estos delitos, a la cual el sindicato estudia adherirse, las trabajadoras han interpuesto seis demandas de tipo laboral para defender los derechos de las cuatro mujeres, una de ellas antigua psicóloga del piso tutelado.

En concreto, pide en cuatro de ellas unos 10.000 euros en concepto de reclamación de cantidad porque se les pagaba menos de lo que correspondía a su categoría profesional.

Asimismo, hay presentada una demanda laboral de despido improcedente de una de estas mujeres y otra de impago tras la extinción del contrato de otra.

Las demandas se han interpuesto contra tres personas responsables de la Federación y contra otras cinco federaciones, asociaciones y colectivos que tienen su sede social en el mismo domicilio que la primera y en las que las mujeres trabajaban indistintamente.

Al margen de las demandas, desde CGT han explicado que las condiciones laborales a las que estaban sometidas las mujeres eran “totalmente precarias”.

El sindicato también estudia personarse en el procedimiento penal abierto, o bien interponer otra denuncia por un delito contra los derechos de los trabajadores y contra la Administración. EFE

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