Miguel Romero de Nimbus responderá ante el juez del Palma Arena

El dueño de la empresa de publicidad Nimbus Miguel Romero tendrá que responder el lunes ante el juez instructor del “caso Palma Arena” sobre la facturación de su empresa a entidades públicas y a la sociedad GR-1, propiedad de los hermanos arquitectos del velódromo, Jaime y Luis García-Ruiz.

Romero ya declaró el pasado día 18 ante el juez por la pieza número 2 del caso, dividido en unas 25, que está relacionada con la contratación supuestamente irregular por parte de Nimbus del periodista Antonio Alemany.

Ese día, Romero solo contestó a preguntas de esta pieza y, en vista de que las declaraciones se alargaban, se decidió posponer al día 29 a las 10.00 horas su comparecencia por las otras dos piezas en las que está imputado, la número 20 y la 23, según han informado fuentes jurídicas.

Esta última está relacionada con la facturación por parte de Nimbus de varios conceptos supuestamente irregulares a diversas entidades públicas y la número 20 tiene que ver con otros contratos de la empresa de publicidad con la sociedad GR-1.

Esta empresa es propiedad de los arquitectos Jaime y Luis García-Ruiz, que asumieron el proyecto del velódromo Palma Arena cuando Ralph Schürman éste dejó de encargarse de él.

Romero fue detenido el agosto de 2009 en el marco de la operación policial de este caso, y compareció entonces ante el juez instructor, José Castro.

El empresario reconoció en interrogatorios policiales y judiciales que parte de los servicios que su sociedad prestó al PP en la campaña autonómica y municipal de 2007 no los facturó y que el cuñado del ex presidente Jaume Matas, Fernando Areal, gerente entonces del PP, le pagó 71.000 euros en dinero negro por esos trabajos.

El “caso Palma Arena” investiga una supuesta trama de corrupción en torno a la construcción del velódromo palmesano, que costó más del doble de lo presupuestado, durante la pasada legislatura del PP y está dividido en 25 piezas diferentes.

En él se indagan, entre otras cuestiones, el supuesto incremento irregular del patrimonio de Matas durante la pasada legislatura, así como la presunta financiación ilegal del PP con ocasión de la campaña electoral de 2007. EFE

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