Imputan a Cardona 6 delitos con penas de hasta 26 años de cárcel

La Fiscalía ha pedido hoy a la jueza del “caso Scala” que ponga fin a la instrucción de esta causa y abra juicio oral contra 18 personas, entre ellas el ex conseller Josep Juan Cardona (PP), el ex director Kurt Viaene y la ex gerente del CDEIB Antonia Ordinas, a quienes le imputa seis delitos diferentes.

El fiscal Anticorrupción Juan Carrau, así como la abogada de la Comunidad Autónoma María Ángeles Berrocal, han presentado esta mañana en el juzgado de instrucción 4 de Palma sus respectivos escritos -de más de cien páginas cada uno- pidiendo a la jueza, Piedad Marín, que el caso pase a procedimiento abreviado para pedir la apertura de juicio.

En el “caso Scala” se investiga una trama de supuesta corrupción durante la pasada legislatura del PP, según la cual se habrían inyectado fondos en el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) que en realidad habrían sido empleados para beneficio de particulares.

En sus escritos, tanto la Fiscalía como la acusación del Govern acusan de malversación, cohecho, prevaricación, fraude, falsedad y asociación ilícita a nueve de los 18 acusados.

Estos son Cardona, ex conseller de Comercio, Industria y Energía; Viaene, ex director de Promoción Industrial; Ordinas y su esposa, Isabel Maria Rosselló; Felipe Ferré, ex concejal del PP en Lloseta y sobrino del ex presidente Jaume Matas; Julio Fernández Abad; Joan Rosselló; Daniela Beaumont, y Arnoldus Van den Hurk.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, estos delitos de los que se les acusa pueden conllevar penas de hasta 26 años de cárcel, en concreto hasta 8 por el de malversación continuada, un máximo de 6 por el de cohecho continuado, hasta 3 por fraude, hasta 6 más por falsedad y de 1 a 3 años por asociación ilícita, así como una pena de inhabilitación por prevaricación continuada.

Sin embargo, tanto la Fiscalía como la acusación del Govern tendrán que fijar las penas que pidan para cada uno en sus escritos de acusación, que deberán remitir a la jueza una vez dicte la apertura de juicio oral.

Piedad Marín comenzó a investigar hace meses este caso de supuesta corrupción, cuya instrucción pasó luego a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) dada la condición de aforado de Cardona como diputado del Parlament balear por el PP.

La investigación del caso volvió al juzgado de instrucción 4 después de que, el pasado junio y a raíz de esta causa, el ex conseller dimitiera de su escaño.

Cardona ha tenido que abonar por este caso una fianza de responsabilidad civil de 2,9 millones de euros fijada en su día por el TSJIB.

En sus declaraciones judiciales, el ex conseller negó haberse lucrado con el dinero del CDEIB y defendió que el gasto destinado a este consorcio durante la anterior legislatura no fue excesivo.

El diputado afirmó que los fondos gastados en promoción industrial cuando era conseller dieron sus frutos y, gracias a ellos, se consiguió incrementar la inversión en este sector en Baleares. EFE

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