El Gobierno declara el estado de alarma

El Gobierno ha declarado, por primera vez en la historia de la democracia, el estado de alarma tras la situación provocada en los aeropuertos por la actitud de los controladores aéreos, ha anunciado hoy el vicepresidente primero del Ejecutivo, Alfredo Pérez Rubalcaba.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario convocado para evaluar la situación creada tras el paro masivo e imprevisto de los controladores, Rubalcaba ha dicho que el decreto con esta declaración se publicará en una hora en el BOE y se entregará al Congreso de los Diputados, como la ley establece.

Según Rubalcaba, el efecto “práctico inmediato” ante esta situación es que a partir de ahora los controladores “pasan a estar movilizados” y, “si no van a trabajar, incurrirán en un delito de desobediencia tipificado en Código Penal Militar”.

El periodo de duración del estado de alarma se ha fijado en quince días, el plazo máximo que marca la normativa, si bien Rubalcaba ha dicho que “el Gobierno espera que no dure tanto”.

A la reunión del Consejo de Ministros han acudido, invitados por el presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, el Fiscal General del Estado y el Abogado General del Estado.

Tal y como ha señalado el vicepresidente, el mismo Zapatero ha informado personalmente al líder del PP, Mariano Rajoy, retenido en Lanzarote por el paro de controladores, de las decisiones del Consejo de Ministros, en tanto que el titular de Presidencia, Ramón Jáuregui, hablará con los portavoces parlamentarios.

Los militares que están al frente de las torres de control de los aeropuertos comunicarán personalmente a los controladores “la nueva situación” en la que se encuentran, es decir, sus “obligaciones, sus responsabilidades y las responsabilidades en que podrían incurrir” si no cumplen las primeras.

Tras la reunión del Consejo de Ministros, ha quedado constituida la Comisión Delegada para Asuntos de Crisis, que presidirá Zapatero y que se mantendrá reunida para evaluar la situación en los aeropuertos.

Rubalcaba ha reiterado las disculpas del Ejecutivo a los ciudadanos afectados, y más en las fechas de un puente festivo como el de la Constitución, pero ha dejado claro que el Gobierno “no va a consentir el chantaje de los controladores” a la ciudadanía con el fin de “mantener sus privilegios”.

A su juicio, “nadie podía prever” que este colectivo “fuera tan insensato” y adoptara una decisión “no para hacer daño al Gobierno, sino a los ciudadanos”.

¿Qué es el estado de alarma?

El estado de alarma es un régimen excepcional recogido en la Constitución y en la Ley Orgánica 4/81 que, por primera vez en democracia, emplea el Gobierno al darse “circunstancias extraordinarias” que hacen “imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios”.

El primer estado de alarma de la democracia, provocado por el cierre del espacio aéreo español y la suspensión del transporte aéreo de personas, se deriva por tanto de la paralización de un servicio público esencial para la comunidad.

Ante una situación así, y con el estado de alarma en marcha, el Gobierno puede establecer la intervención de empresas y servicios y la movilización de su personal para asegurar el funcionamiento de ese servicio.

Éstos son algunos de los puntos clave del estado de alarma, según la ley orgánica 4/81:

-¿Cuándo se aplica el estado de alarma?

Aparte de por catástrofes, calamidades, desabastecimiento o crisis sanitarias, el estado de alarma puede aplicarse por la paralización de servicios públicos para la comunidad, en este caso el transporte de personas por el espacio aéreo.

-¿Qué ámbito de aplicación tiene?

Por la paralización del transporte aéreo de personas en todo el territorio nacional, el estado de alarma afectará a todo el Estado.

-¿Por cuánto tiempo?

El estado de alarma se aplica por un plazo máximo de quince días y, si es necesario prorrogarlo, entonces será el Congreso de los Diputados el que lo dictamine.

-¿A qué autoridades afecta?

Quedan afectadas todas las autoridades civiles de la administración pública, así como los integrantes de todos los cuerpos de Policía del Estado y a los demás funcionarios y trabajadores de cada uno de estos cuerpos.

Es decir, toda la Policía Nacional, las autonómicas y las locales quedan movilizadas.

Todos ellos estarán bajo mando de la autoridad competente, el Gobierno, para todo lo que sea necesario en la protección de personas, bienes y lugares.

La autoridad competente les puede imponer servicios extraordinarios por su duración o su naturaleza.

-¿Qué sucede si no se cumplen las órdenes del Gobierno en un estado de alarma?

Desobedecer las órdenes del Gobierno será castigado según las leyes; y si quienes desobedecen son funcionarios, la autoridad les suspenderá inmediatamente de sus cargos y pasarán a disposición judicial, previa apertura de un expediente disciplinario.

-¿Qué medidas adicionales puede desencadenar un estado de alarma?

La autoridad competente puede imponer “prestaciones personales obligatorias” a cualquier ciudadano, limitar la circulación o permanencia de personas en horas y lugares determinados, ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados.

Asimismo, puede limitar el uso de servicios o consumo de artículos de primera necesidad e impartir las órdenes necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios afectados.

Y puede intervenir empresas y servicios y obligar a su personal a movilizarse. EFE

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