La Fiscalía, por la vía penal, investigará "caso por caso" a unos 500 controladores, una cifra similar al número de expedientes disciplinarios abiertos por AENA, que también estudiará cada situación particular para determinar si ha habido alguna falta y, en su caso, establecer la gravedad de la sanción.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el de Fomento, José Blanco, han hablado sobre la huelga salvaje de los controladores en sendos encuentros informales con los medios, durante la celebración en el Congreso del aniversario de la Constitución.
Caamaño ha explicado que están abiertas la vía penal y la administrativa, con sanciones que van desde la suspensión de empleo hasta la pérdida de la licencia de controlador.
Ha abundado en esta materia el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien ha informado de que la Fiscalía comenzará el jueves a tomar declaración a los controladores.
Según ha dicho, todos los casos se seguirán por la vía ordinaria y no por la militar, dado que no se tiene constancia de ningún supuesto punible después de que el Gobierno decidiera militarizar el control aéreo español en la noche del viernes.
Conde-Pumpido ha detallado que, con arreglo a la ley vigente, los controladores pueden ser condenados a penas que oscilan entre los tres meses y los tres años de cárcel, para los casos más leves, y de tres a ocho años en los más graves.
Tanto el ministro de Justicia como el de Fomento se han mostrado convencidos de que "todo el peso de la ley" recaerá sobre quienes paralizaron el espacio aéreo español durante 20 horas entre el viernes y el sábado pasados.
Dentro del ámbito que corresponde a AENA, Blanco ha insistido en que se estudiarán los expedientes disciplinarios abiertos para evaluar la responsabilidad de cada uno en los hechos, porque pudo haber controladores que realmente estuvieran de baja médica, otros que se limitaran a seguir órdenes de sus representantes sindicales u otros que incluso fueran engañados.
Blanco ha dejado claro que no tienen la misma responsabilidad los trabajadores "de a pie" que los directivos del sindicato.
Fuentes del Ministerio de Fomento han asegurado que el Gobierno no imaginaba "ni de lejos" la "brutal" reacción que tuvieron los controladores ante el decreto aprobado el viernes por el Consejo de Ministros, que clarificaba, entre otras cosas, su jornada laboral.
El propósito al aprobar ese decreto era precisamente evitar posibles "vacíos" en algunos aeropuertos, después de que hubieran empezando a detectarse problemas en Santiago de Compostela.
Las mismas fuentes han señalado, además, que el Gobierno tiene la sospecha de que los controladores aéreos incluso sorteaban las bajas médicas.
El asunto de los controladores ha sido el eje de todos los "corrillos" que se han organizado en la recepción oficial celebrada en el Congreso.
Varios ministros han comentado que todavía es pronto para saber si será necesario prolongar el estado de alarma más allá de los quince días previstos inicialmente por la ley y han coincidido en que ahora hay que dar "tiempo al tiempo" y esperar a ver cómo reacciona el colectivo, así como los sindicatos que lo representan.
Aunque algún destacado miembro del Ejecutivo admite que puede ser discutible la aplicación del contenido de la ley de 1981 que regula el estado de alarma, subraya que sí es posible interpretar dentro de la norma el caos provocado por los controladores aéreos.
De hecho, este ministro aventura que en el caso de que la decisión llegara a los tribunales porque la recurra algún controlador no habrá ningún problema jurídico porque sí está justificada.
Si el Gobierno optara por pedir una prórroga del estado de alarma al Parlamento, debería de hacerlo en el Consejo de Ministros del viernes 17 de diciembre, a través de una comunicación al Congreso.
La decisión sobre si se acepta o no la prórroga la tomaría el pleno de la Cámara Baja, en la primera sesión posible, que sería la del día 21, siempre a partir de la propuesta del Ejecutivo, a la que los grupos parlamentarios podrían presentar enmiendas.
De esta manera quedaría abierta la posibilidad de negociar las condiciones en que se mantendría la prórroga, en caso de que el Ejecutivo optara por solicitarla, de acuerdo con lo establecido en la Constitución.
Y sobre el respaldo de las fuerzas políticas a la medida, únicamente pusieron en un primer momento alguna salvedad el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, y el de IU, Gaspar Llamazares, pero no con tanta contundencia como ha hecho hoy, hasta el punto de considerar contrario a la Constitución este estado de alarma. EFE
