La Fiscalía acusa a Cardona de desviar siete millones de euros a través del CDEIB

La Fiscalía ha acusado al ex conseller de Comercio del Govern balear Josep Juan Cardona (PP) de crear y dirigir una trama delictiva entre los años 2003-2007 que se apropió de 3.700.000 euros en fondos públicos y provocó “sobrecostes” de contratos públicos por otros 3.300.000 euros.

El grupo, en el que Cardona ocupaba la posición de “líder o jefe-director”, se regía por el lema de “más facturación, más comisión”, lo que motivó que durante cuatro años dieran “una actividad frenética” al Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), a través del cual obtenían los ingresos de su “actividad criminal”, según la Fiscalía.

A fin de inyectar constantemente fondos públicos al CDEIB, para luego apropiarse de todo o parte de ellos, organizaron la asistencia de dicho organismo “a todas las ferias y eventos imaginables”, al tiempo que contrataron “cientos de estudios e informe cuyo contenido era inútil a efectos del interés público”.

En su escrito, en el que pide a la jueza del “caso Scala” que abra juicio oral contra los 18 imputados en la causa, el ministerio fiscal acusa a los principales acusados de delitos de malversación, cohecho, prevaricación, fraude, falsedad y asociación ilícita, que podrían acarrear una condena total de 26 años de cárcel.

Junto a Cardona, el fiscal acusa al ex director de Promoción Industrial, Kurt Viaene; la ex gerente del CDEIB, Antonia Ordinas, y su esposa Isabel María Rosselló; al ex concejal del PP en Lloseta Felipe Ferré (sobrino de Jaume Matas); a Julio Fernández Abad, Joan Rosselló, Daniela Beaumont y Arnoldus Van den Hurk.

Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach relatan en su escrito que Cardona, Viaene y Ordinas, “de común acuerdo” y guiados por el ánimo de obtener beneficio económico, “idearon, planificaron, desarrollaron y ejecutaron” una serie de actuaciones con la finalidad de apoderarse de “ingentes cantidades de dinero” procedentes de los fondos públicos “de los que tenían poder de disposición por razón de su cargo” en el Govern de Jaume Matas.

Para ello, se aprovecharon de que existía “una falta total y absoluta de controles administrativos y efectivos sobre su gestión”, que ellos “contribuyeron a mantener”.

“Con su conducta -dice el escrito- los imputados consiguieron que más de 3.700.000 euros de fondos públicos fueran desviados para su beneficios privado y que el CDEIB sufriera sobrecostes en sus contratos por otros 3.300.000 euros”.

La Fiscalía detalla que para lograr su objetivo de “lucro personal” crearon “una estructura jerárquica perfectamente organizada” que hiciera posible “el saqueo sistemático de las arcas públicas”, utilizando las “coberturas formales necesarias” para que “el expolio que desarrollaron durante cuatro años pasara desapercibido”.

Josep Joan Cardona ocupó la posición de “líder o jefe-director” y estableciendo las líneas maestras del funcionamiento “de dicho grupo delictivo”, dando las instrucciones “a sus subordinados” y, “dada su posición como conseller”, cuidando “de nutrir económicamente” al CDEIB mediante “el traspaso continuo de fondos públicos desde la propia Consellería de Comercio o desde el Instituto de Innovación Empresarial”.

El desarrollo de su actividad delictiva (bajo el lema “más facturación, más comisión”) provocó que el presupuesto anual del CDEIB “se agotase muy rápidamente”, lo cual suponía “un freno a la actividad delictiva del grupo”.

Por ello, Cardona transfería fondos desde la Consellería de Comercio o establecía convenios de colaboración con el Instituto de Innovación Empresarial, pero “como quiera que ello no fue suficiente, se llegó al extremo” de solicitar prestamos bancarias “a efectos de obtener más fondos públicos de los que apropiarse”.

Según los fiscales, las fórmulas utilizadas por los acusados para desarrollar “el robo sistemático” fueron, entre otras, creación de entidades mercantiles que obtenían contratos, utilización de entidades ya existentes y el cobro de comisiones a particulares y proveedores.

Para desarrollar su actividad delictiva crearon “una infraestructura personal o red de colaboradores” que hacían de testaferros o desarrollaban la gestión directa de las sociedades. EFE

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