Multimedia de Baleares S. A. entregará a la Conselleria de Presidència los contratos de la empresa pública con Gabinete Vives S.L. para que se puedan entregar a la Fiscalía para que los investigue dada la denuncia del jueves por parte del diputado del PP, José María Rodríguez. La decisión de llevar los contratos ante Fiscalía se ha adoptado para disipar cualquier duda respecto a la legalidad penal de las contrataciones.
Desde Multimédia consideran que las declaraciones del diputado José María Rodríguez contienen falsedades y tergiversaciones. En primer lugar, Ibero Hábitat y Servicios Sociedad Cooperativa Limitada no es una sociedad anónima, no tiene acciones y, consecuentemente, el director general de Coordinación y Proyectos Estratégicos, José Antonio Santos, no es el accionista mayoritario.
Ibero Hábitat y Servicios Sociedad Cooperativa Limitada es una cooperativa de vivienda, que no está operativa desde 2002. Efectivamente antes de esa fecha el director general José Antonio Santos, que es vocal de Multimedia, formó parte junto a Llorenç Vives, que preside Gabinete Vives S.L., de esta cooperativa con otros 150 socios más, y todos tenían los mismos derechos y la misma participación para adquirir una vivienda en alguna de sus promociones.
En segundo lugar, Multimedia considera mucho más vergonzoso la referencia que hace Rodríguez de la Empresa Desarrollo Digital Balear S.L., del grupo IB3.-la Empresa Desarrollo Digital Balear S.L. fue creada el 13 del 9 del 2006 y la socia mayoritaria era Maria Umbert, la exdirectora general del ente públicos de radiotelevisión de Baleares. Esta empresa se creó para hacer algunas de los marañas del gobierno Matas, en el que Rodríguez era el conseller de Interior. Maria Umbert, como administradora única de Multimedia y socia mayoritaria de Desarrollo Digital Balear a través de Multimedia, formalizó un convenio entre ambas sociedades y sin ningún control ni administrativo ni jurídico para subvencionar los costes del transporte y la difusión de la señal de televisión a las empresas privadas.
La Abogacía en un informe del 2009 califica la acción de Umbert de "irregular" y "no ajustada a derecho", dice que "lo más curioso (aparte de denominar" convenio "a un pacto que se decía que se había celebrado entre dos sociedades mercantiles), era que la señora Umbert decía intervenir en su condición de directora general del ente público de radiotelevisión de les Illes Balears en nombre y represenetación de Multimedia de Baleares, S.A., como órgano de contratación de esta sociedad... Mayor confusión no es posible".
Este informe es que se hizo servir para que los directores generales, Entre ellos José Antonio Santos - regularizaran el desfase creado por Umbert que, como ha podido comprobar Multimedia, costó más de 500.000 euros a la Comunidad que no se han podido recuperar.
El director general Santos era vocal de Desarrollo Digital Balear S.L. por razón de su cargo, y entró precisamente a formar parte del consejo de administración con el encargo de regularizar la situación provocada por Umbert y, en último término, disolverla. Hoy esta sociedad está disuelta. El señor Vives, como asesor fiscal de Multimedia, fue elegido, por unanimidad, por la junta de accionistas, privados y públicos - para hacer de secretario.
Que a partir de estos datos, desde Multimedia se considera vergonzoso que el diputado del PP manipule la realidad para hacer creer que hay una relación de interés económico entre ambas personas.
Desde Multimedia tampoco se puede consentir la acusación de la que se ha conculcado la ley y de la que, por menos, este Gobierno ha enviado información a la Fiscalía. Los contratos se hicieron acorde con la legalidad, aunque también es cierto puede no constar o careció algún trámite administrativo, que Multimedia atribuye a la reciente entrada en vigor de la nueva Ley de contratos del sector público. Las empresas públicas estaban acostumbradas al manejo del derecho privado y no del derecho público, y en el proceso de adaptación a esta nueva regulación no siempre ha recogido en sus procedimientos todos los trámites complejos a que obliga el derecho administrativo. En cuanto a las facturas, entonces no estaban todas y ahora están todas, y si bien es cierto que inicialmente no se enviaron a la Sindicatura, sin embargo, con posterioridad, se adjuntaron con las alegaciones hechas en el informe.
