Registran la Autoridad Portuaria de Palma en busca expedientes

La Policía Nacional registra por segunda vez la sede de la Autoridad Portuaria en Palma en busca de diversos expedientes relativos a la concesión de adjudicaciones que habrían quedado pendientes de la anterior fase de la operación Mar Blau que investiga concesiones portuarias irregulares en las islas.

El registro lo está llevando a cabo un equipo de agentes del Grupo de Delincuencia Económica y consiste, según han informado a EFE fuentes de la Policía Nacional, en cerrar algunos flecos que abrían quedado abiertos en los primeros registros, realizados el pasado 15 de diciembre, tanto en el Palma como en Mahón.

Por el momento no se han producido detenciones, ni en este registro ni en los anteriores, aunque sí se ha imputado a una decena de personas entre las que figuran el ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y el presidente de la Autoridad Portuaria de Palma, Francesc Triay (PSOE).

La operación Mar Blau investiga una supuesta corrupción entre los funcionarios de puertos baleares, en concreto unas concesiones presuntamente irregulares a la empresa Trapsayates, propiedad de Díaz Ferrán, para la gestión de los amarres del Puerto de Mahón.

La causa, que instruye desde hace dos años el juzgado de instrucción 8 de Palma, se centra, entre otras cosas, en un supuesto amaño en la adjudicación de dos concursos por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares en Mahón y en Ibiza.

En relación a estos concursos, se indagan presuntos delitos cometidos por funcionarios portuarios con motivo de la concesión a la empresa Trapsayates.

Los delitos que se investigan son los de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, alteración de precios en concursos y subasta pública y estafa, entre otros.

Los registros realizados hasta hoy se han llevado a cabo en la sede de la APB en Palma y las oficinas de la empresa Trapsa, adjudicataria de los concursos y propiedad de Gonzalo Pascual y Díaz Ferrán, en el puerto de Mahón y en Palma, así como el domicilio en la capital balear de un empleado de la sociedad. EFE

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