CBM defiende la adjudicación de los servicios informativos de IB3 frente a las críticas de Aproba

En relación a un comunicado emitido por la Associació de Productores de Balears (Aproba) el pasado 21 de febrero, Central Broadcaster Media (CBM) como empresa ganadora del concurso donde se licitaba la gestión de los servicios informativos de IB3 puntualiza algunos puntos “para evitar malos entendidos o informaciones que puedan llevar a la demagogia”

CBM afirma que en contra de lo afirmado por Aproba donde critica que IB3 “se olvidó de invitar a algunas empresas de Baleares” recuerdan que un concurso público no es una convocatoria donde se “invite” a empresas a participar. Los concursos públicos están fuertemente reglamentados y se pueden presentar a ellos todos los licitantes que lo estimen oportuno si cumplen con las exigencias contenidas en el pliego de condiciones.

Recordar que el concurso para optar a la gestión de los informativos de IB3 estuvo auditado por un consultor independienteque que garantizó la total transparencia y fue éste quien realizó la valoración según dos variables contempladas en el pliego: la oferta económica (ponderación 60%) y la técnica (40% de ponderación). En ambos casos CBM superó ampliamente al resto de los licitantes.

Al concurso, como se sabe, se presentaron algunas empresas de Baleares. En concreto el consorcio DUHM, formado por las editoras de Diario de Baleares y Última Hora. Desde CBM ignoran la razón por la que no se presentaron otras productoras.

Aproba ha manifestado su “preocupación y profundo desacuerdo con la decisión de de IB3 de subrogar los servicios informativos a una empresa ajena a las islas”. Afirma Aproba que “en una televisión autonómica debe primar, con la fórmula que sea, (y siempre, por supuesto, desde la legalidad y transparencia) el fortalecimiento del tejido industrial de nuestra Comunidad”

Con la ley en la mano, CBM recuerda a este respecto la directiva europea 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, (que se incorporó a nuestro ordenamiento con la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público) en la que se manifiesta expresamente el derecho de los licitadores a no ser discriminados por razón nacionalidad y garantizan la igualdad de trato: “La adjudicación del contrato debe efectuarse basándose en criterios objetivos que garanticen el respeto de los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato, así como la evaluación de las ofertas en condiciones de competencia efectiva. Por consiguiente, conviene admitir únicamente la aplicación de dos criterios de adjudicación, a saber, el del precio más bajo y el de la oferta económicamente más ventajosa”.

Asimismo, el artículo 3 sobre la concesión de derechos especiales o exclusivos incluye una cláusula de no discriminación: “Cuando un poder adjudicador otorgue derechos especiales o exclusivos para el ejercicio de una actividad de servicio público a una entidad distinta de dicho poder adjudicador, el acto por el que se otorgue dicho derecho impondrá a la entidad en cuestión, en los contratos de suministro que adjudique a terceros en el marco de esa actividad, la obligación de respetar el principio de no discriminación por razones de nacionalidad”.

Por tanto, en el momento en el que existen criterios de no discriminación e igualdad de trato para los agentes que opten a un concurso público, y a más, que haya “obligación de respetar el principio de no discriminación por razones de nacionalidad” , se debe deducir que en ningún caso, un licitante que opta por un concurso, por el hecho de no pertenecer a la Comunidad Autónoma a la que pertenece el licitador, puede ni debe ser discriminado por aquella razón, y que el único criterio que ha de predominar para la adjudicación de un concurso es la calidad y conveniencia económica de su oferta. Lo cual redunda en la igualdad de oportunidades para todos, también para las empresas de Baleares que deseen participar en concursos públicos convocados por otras comunidades autónomas.

CBM lamenta que esta asociación persiga más un proteccionismo que carece de legalidad, que la auténtica competitividad entre sus asociados. Para fortalecer un sector no existen fórmulas mágicas, como parece insinuar Aproba. Desde CBM invitan a las productoras a competir en el mercado como cualquier otra, sin ventajas ni proteccionismos y de acuerdo a la ley. Una ley que garantiza la pluralidad y de la que evidentemente también se benefician las empresas de Baleares que quieren estar presentes en otras comunidades.

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