jueves. 28.03.2024

La Confederación Española de Policía (CEP), como organización que representa los intereses profesionales de 25.000 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de todas las escalas, quiere condenar públicamente, y en los términos más rotundos, las reflexiones realizadas por el Delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socías, quien ha calificado como “desproporcionadas” las detenciones practicadas por los funcionarios del Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Policía del archipiélago, en el marco de la denominada “Operación Picnic”. Las declaraciones del máximo responsable de las Fuerzas de Seguridad del Estado exigen una dimisión de quien, de forma irrespetuosa para con el trabajo policial, ha ofendido la profesionalidad de los investigadores que desarrollan las operaciones contra la corrupción. Las jornadas maratonianas de trabajo de las semanas pasadas, que superaron en muchos casos las dieciocho horas diarias para preparar media docena de registros, trece detenciones y tomas de declaración a medio centenar de personas en calidad de testigos se han encontrado con un Delegado del Gobierno –que, paradójicamente, debe ser el máximo valedor del trabajo policial- que ha mostrado un temerario desconocimiento de la legislación vigente.

Dice el señor Socías que las detenciones practicadas en el marco de la “Operación Picnic” fueron desproporcionadas porque no estamos ante delitos de sangre, sino ante faltas o delitos administrativos. Cabría recomendarle a este alto responsable de la Administración General del Estado que repase la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que, en ningún caso, se reserva la detención exclusivamente para delitos “de sangre”. Tampoco existen, como dice el Delegado, las faltas o delitos administrativos en nuestro Código Penal. Resulta, cuando menos, sonrojante, un desconocimiento tal de la normativa básica que regula el trabajo policial y judicial.

El Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Policía de Baleares está haciendo un trabajo excepcional contra la corrupción en el archipiélago. De forma profesional, sin injerencias de superiores jerárquicos y de la mano del Ministerio Fiscal y de los órganos judiciales. Hablamos de investigaciones sobre delitos penados con quince años de prisión. Hechos muy graves en los que los policías han sido especialmente escrupulosos para acreditar indiciariamente los delitos y han aplicado un esfuerzo personal y profesional sobrehumano para conseguir una puesta a disposición judicial de los detenidos en el menor tiempo posible.

Un político detenido no es nadie especial. Es un ciudadano más, protegido por los derechos que pone en sus manos el Estado de Derecho. Por ello, y dado que en este caso hablamos de investigaciones en las que resulta imprescindible evitar la destrucción de pruebas que acrediten malversaciones millonarias, la actuación policial, con las detenciones correspondientes, ha sido ajustada a Derecho y cuenta con la supervisión del Ministerio Fiscal y el juez instructor. Cualquier reflexión en otro sentido, especialmente si parte desde el desconocimiento o criterios alejados de la objetividad, como ha sido el caso del Delegado del Gobierno, es un ataque gratuito a la institución policial.

El esfuerzo del Grupo de Delincuencia Económica del Cuerpo Nacional de Policía ha permitido, en los últimos años, desarrollar una veintena de operaciones contra la corrupción en las Islas Baleares, poniendo a disposición judicial a decenas de personas y, quizás más importante, interviniendo cientos de millones de euros procedentes de actividades ilícitas. Estamos ante un servicio a la sociedad balear que merece respeto. Un respeto que no hemos encontrado, en más de una ocasión, entre los afectados por las investigaciones policiales. Sin embargo, nunca hubiéramos esperado una actitud así por parte del Delegado del Gobierno.

La Confederación Española de Policía pide la dimisión del Delegado del Gobierno en...