Colegio de Abogados rechaza el Proyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares ha acordado hoy hacer público un comunicado, con el que expresa su rechazo a algunos de los preceptos contenidos en el Proyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 4 de marzo, por cuanto, considera, su aplicación podría suponer recortes “graves e intolerables” de los derechos fundamentales de los ciudadanos y en su acceso a la tutela judicial efectiva.

En este sentido, los miembros del órgano de gobierno colegial denuncian que la aplicación, en la práctica, de algunas de las medidas propuestas en el proyecto podrían restringir, de forma considerable, las actuales posibilidades de recurrir las decisiones judiciales que hasta ahora estaban a disposición de los ciudadanos y, por tanto, disminuir las opciones de solicitar la revisión de las sentencias.

Así, recuerda que en materia de recursos, el proyecto legislativo plantea, “de forma incomprensible” que las sentencias en juicios verbales de reclamación de cantidad (hasta 6.000 euros) devengan firmes y, por tanto, inapelables, o que se eleve de 150.000 euros a 800.000 las cuantías mínimas para recurrir en casación ante el Supremo en el orden civil, así como las necesarias para presentar recursos de apelación y casación en el orden contencioso-administrativo.

La Junta de Gobierno del ICAIB considera que estas medidas, y otras, como la propuesta de imponer el pago de una tasa a cualquiera que quiera hacer uso del ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil, o la que postula que los litigantes que pierdan un juicio en lo contencioso-administrativo se hagan cargo de las costas del juicio en todos los casos (ahora se imponen con carácter excepcional en los supuestos de mala fe del demandante), son planteamientos que más que la efectiva agilización procesal, podrían conseguir disuadir a buena parte de los ciudadanos, sobre todo a aquellos con recursos económicos limitados, de acudir a la Justicia para la defensa de sus derechos.

Para la Junta de Gobierno del ICAIB, además, privar de la segunda instancia a quienes reclamen cantidades inferiores a los 6.000 euros “es tanto como suponer que los jueces nunca se equivocan”.

Por estos motivos, y aun cuando el órgano colegial considera plausibles todas las propuestas que contribuyan a reducir los tiempos de la Justicia, advierte que la consecución de este objetivo no debe ni puede hacerse a costa de una merma en los derechos fundamentales de las personas.

Finalmente, la Junta de Gobierno califica de “absolutamente improcedentes e impropias de un representante del poder judicial”, las declaraciones realizadas por el vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, que acusó a la abogacía española de “torpedear” los cambios legislativos por “intereses corporativos” y a los abogados de hacer un “uso abusivo de los recursos”.

Frente a tales manifestaciones, los miembros de la Junta aseguran que el único interés que mueve a la abogacía en su oposición a algunas de las medidas propuestas en este y otros proyectos legislativos, ha sido, es y será la defensa de los derechos de los ciudadanos y de los principios básicos sobre los que se estructura el Estado de Derecho, y recuerda que, además de la abogacía, otras organizaciones, entre otras muchas el Defensor del Paciente o el sindicato Comisiones Obreras, también han alzado su voz en contra de algunas de las medidas contenidas en el proyecto de agilización.

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