UGT ha exigido al IMFOF la inmediata contratación de los 346 parados de largo duración incluidos en el proyecto Feint Feina, después de que este organismo haya anunciado que su contratación se aplazará hasta septiembre.
El secretario de Acción Sindical, Manuel Pelarda, ha afirmado que la decisión del IMFOF es una mala noticia ya que condena a vivir de la caridad a 346 familias que no cuentan con ningún tipo de prestación. “Con los parados no se juega, las políticas hacia los desempleados tienen que ir más allá de tomarse un café en casa de un parado o invitarle a un acto de investidura del presidente del Govern. Queremos recordar que si las entidades colaboradoras o las que prestan sus servicios en el Ayuntamiento de Palma hicieran la misma política de condicionar sus trabajos al cobro, esta administración, como el resto, estaría con toda seguridad abocada al cierre”, ha explicado.
Pelarda ha subrayado que la persistencia de la crisis ha acentuado el riesgo de exclusión social de las personas desempleadas de larga y muy larga duración. “Esta situación afecta mayoritariamente a los trabajadores mayores de 45 años que han agotado o están a punto de agotar las prestaciones por desempleo. El problema se agrava porque, en ocasiones, estas personas pierden tanto hábitos laborales como competencias profesionales; hechos que dificultan aún más su inserción laboral”, ha explicado.
UGT ha recordado que para ayudar a este colectivo se aprobó una convocatoria destinada a las administraciones locales para el año 2011 con el objetivo de contratar a trabajadoras y trabajadores de larga duración. Este tipo de subvención consistía en que a estas personas se las contrataba por un periodo de seis meses para compaginar acciones formativas con empleo remunerado. Al finalizar su contrato, estos trabajadores tenían derecho a percibir prestaciones por desempleo.
Ante esta situación, Pelarda ha insistido en que el aplazamiento a septiembre de la contratación de 346 personas paradas de larga duración representa una total irresponsabilidad por parte del Ayuntamiento de Palma porque “condena así a este colectivo a no percibir ningún tipo de prestación hasta que no sean contratados”.
