El ICO pagará a las empresas que tengan deudas con los ayuntamientos

El Gobierno ha aprobado, un Real Decreto-Ley que incorpora los compromisos anunciados por el presidente del Gobierno en el Debate sobre el estado de la Nación.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley que contiene un amplio conjunto de actuaciones para fomentar de forma inmediata la protección social de los ciudadanos, la sostenibilidad de las finanzas públicas y el apoyo a los emprendedores, tal como avanzó el presidente del Gobierno en el Debate sobre el estado de la Nación y respaldó el Congreso de los Diputados.

Se trata de medidas que vienen a apoyar a quienes se encuentran en una situación más difícil sin cuestionar la solvencia y fiabilidad de nuestro sistema hipotecario y que, además, distinguen adecuadamente entre la situación subjetiva de los deudores, aplicándose a quienes se encuentran en posiciones de necesidad.

El primero de los Decreto-Ley incluye dos medidas de apoyo a las personas con deudas hipotecarias en situaciones difíciles:

  • Se incrementa la cuantía de los ingresos inembargables cuando, una vez ejecutada la hipoteca y vendido el bien, queda todavía un saldo vivo de deuda. Si hasta ahora la cuantía inembargable se limitaba al salario mínimo interprofesional (SMI), más un 10% en el caso de estos deudores, ahora esa cuantía se elevará hasta el 150% del SMI. Es decir, de poco más de 700 euros hasta 960 euros.
    • Además, si existen otros familiares (miembros de la familia nuclear) sin ingresos, o con ingresos inferiores al SMI, esa cuantía se eleva en un 30% adicional por cada uno de esos familiares. Así quien tenga a cargo dos miembros de su familia nuclear sin ingresos propios verá elevado el límite de inembargabilidad hasta 1.350 euros.

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que estas medidas ofrecen un “mínimo vital a aquellas familias que han comprometido sus salarios en su hipoteca y que han visto como el banco ejecutaba esa hipoteca, perdían su casa, y los avales para esa hipoteca, por ejemplo, sus salarios, se podían ver afectados”.

  • En segundo lugar, se adoptan dos reformas para garantizar que la subasta del bien hipotecado no dará lugar a situaciones abusivas ni al malbaratamiento del bien. En primer lugar, se facilita el acceso de más compradores a esa subasta, mediante la disminución de la cuantía del depósito previo; y, en segundo lugar, se eleva el límite mínimo por el que el acreedor puede adjudicarse el bien del 50% actual al 60%, y se elimina la posibilidad actual de que en determinados casos el acreedor pudiera adjudicarse el bien incluso por debajo de esos límites.

Alfredo Pérez Rubalcaba ha afirmado que el Gobierno quiere que “haya más postores y menos subastas donde no haya gente que acuda a la subasta”. “Ese mínimo es el 60%, de tal manera que si tú pierdes el piso y tienes que ir a una subasta, nadie podrá conseguir tu piso por debajo del 60%”, ha dicho.

Medidas para impulsar la actividad económica

El Decreto-Ley introduce también una serie de medidas destinadas a impulsar la actividad económica y, especialmente, la inversión en nuevos proyectos empresariales. Destacan dos:
  • La previsión de un mecanismo que significará que los proveedores de las administraciones públicas, y especialmente las pequeñas y medianas empresas (pymes), puedan recibir de modo inmediato el pago de una parte muy relevante de las deudas que con ellos mantienen las entidades locales. El Decreto-Ley adopta las reformas necesarias para que el ICO pueda destinar recursos al pago de las obligaciones contraídas y no satisfechas por las entidades locales, generando a cambio un crédito del ICO frente a éstas, que deberán devolver en un máximo de tres años y que tendrá por garantía la participación de la entidad concreta en los tributos del Estado. Las operaciones tendrán un límite máximo del 25 % del importe anual de las entregas a cuenta de la participación de la entidad local en tributos del Estado del año 2011.
    • De este modo, el Gobierno atiende la difícil situación en la que se encuentran tanto los proveedores como las propias entidades locales en estos momentos de especial dificultad.

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha explicado que se trata de que “el ICO pague a las empresas que tengan deudas con los ayuntamientos”, previa presentación de las facturas. Los ayuntamientos contraerán una deuda con el ICO, que tendrán que pagar a tres años y “el aval de esa deuda es el dinero que el Estado da a los ayuntamientos”.

“Si el ayuntamiento no paga, el Estado le irá descontando lo que tiene que pagarle de la subvención anual que recibe”, ha añadido Pérez Rubalcaba, quien cree que “la cosa parece bastante sencilla y va a funcionar”.

El vicepresidente ha concretado que el Gobierno “pondrá 3.400 millones de euros para pagar las facturas que los ayuntamientos deben a las empresas, fundamentalmente a las pequeñas y medianas”. “Vamos a pedir a los ayuntamientos que empiecen por las empresas de menos de 250 trabajadores”.

  • Como medida dirigida específicamente a impulsar nuevos proyectos empresariales, y especialmente iniciativas innovadoras que favorezcan el cambio de modelo productivo, el Gobierno ha aprobado un tratamiento fiscal ventajoso en el IRPF para las plusvalías obtenidas por los inversores que se impliquen a medio plazo en la creación e impulso de esos proyectos, sin participar en la dirección y gestión de las sociedades resultantes. La inversión máxima anual será de 25.000 euros y las plusvalías resultantes estarán exentas.

Alfredo Pérez Rubalcaba ha subrayado que el Ejecutivo trata de que “el ahorro familiar, que existe, pueda ponerse a disposición de los emprendedores, que también existe, y que en este momento no tiene créditos”. “Si yo tengo dinero y conozco a alguien que tiene una buena idea, puedo invertir en su empresa 25.000 euros cada año, sabiendo que, al cabo de tres años, las plusvalías que gane las recuperaré sin impuestos, con exención del IRPF total”, ha añadido.

Junto a estas, el Decreto-Ley incluye otras modificaciones de menor entidad, referidas al fomento de la inversión en el sector cinematográfico o a la agilización del proceso de constitución de nuevas sociedades.

Control de gasto estatal, local y autonómico

El Gobierno ha asumido el compromiso europeo de determinar una regla de evolución del gasto público que garantice su vinculación a la propia evolución de la economía.

Con ese fin, el Decreto-Ley modifica la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y fija un tope máximo al incremento anual del gasto del Estado y de las principales entidades locales.

Ese tope se deriva de la evolución del PIB nacional en los cinco años anteriores y de las previsiones de evolución en los tres siguientes. El Gobierno propondrá una iniciativa análoga a las Comunidades Autónomas en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Alfredo Pérez Rubalcaba ha subrayado que se trata de una medida de austeridad y control del gasto en función del crecimiento previsto. “Si no tienes crecimiento no podrás gastarte más”, ha dicho.

Junto a estos elementos anunciados por el presidente del Gobierno, el Decreto-Ley incluye el cumplimiento del mandato de la Ley de Economía Sostenible que exigía una revisión de las reglas de silencio administrativo, transformando en silencio positivo todos aquellos silencios negativos que no estuviesen justificados.

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