La administración debe a las empresas de medidas contraincendio y seguridad 100.000 euro

La administración pública debe a las empresas de servicios de instalación y mantenimiento de medidas contraincendio, integradas en AESBA-PIMEM, alrededor de 100.000 euros, una situación que está volviendo insostenible la viabilidad de estos negocios, explica Margarita Bibiloni, presidenta de la Asociación de Empresas de Seguridad de Balears (AESBA).

“Hay mucha deuda pendiente con la administración pública y estamos muy molestos porque no se hace nada para cambiar esta situación”, indica la líder de la patronal, quien además sostiene que los impagos están traspasando la esfera de lo público y que ahora mismo se vive una situación similar entre las empresas privadas.

Según afirma, los particulares están obligando a algunas empresas a aceptar trabajos con pagos aplazados, también se da el caso de contratistas que tienen que soportar todo el coste de la inversión a raíz de la morosidad de otras mercantiles más allá del tiempo que dicta la Ley. “Algunas empresas privadas te llegan a “presionar” diciendo que si no aceptas sus condiciones le dan el trabajo a otro”, revela.

El incremento de empresas que presentan suspensión de pagos es otra situación que dificulta la recuperación de las inversiones realizadas, ha explicado Bibiloni. A todos estos factores se suma la bajada de precios entre los operadores, lo que hace más difícil competir en un sector tan estratégico, dice.

Bibiloni insiste en que “nadie cumple la Ley de Morosidad” y por ello considera que las empresas deberían aplicar un porcentaje sobre las deudas no cumplidas, “al igual que hace la administración cuando no pagas los impuestos en el plazo que ellos proponen”, concluye. AESBA agrupa a empresas instaladoras y mantenedoras de medidas contraincendios y de sistemas de seguridad y afines.

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