El conseller de Administraciones Públicas Simón Gornés y la directora general de Patrimonio, Contratos y Obras Públicas, Ana García, han comparecido hoy ante los medios de comunicación para informar de la sentencia de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ante el recurso de Casación número 4143/2008.
La Sala comunicó la resolución a la Abogacía de la CAIB en marzo de 2011, sin que el dictamen se hiciera público por parte del anterior Govern.
El fallo judicial desestima íntegramente los motivos de casación alegados por el Abogado del Estado y por el letrado de la Comunitat Autónoma de Baleares, contra la sentencia de la Audiencia Nacional de enero de 2008.
La desestimación de los recursos deja inalterada la misma, los principales efectos de la cual son:
• La nulidad de la Orden del Ministerio de Fomento de marzo de 2005 por la cual se dan por resueltos los convenios de colaboración en materia de carreteras de los años 1998 y 2004, subscritos entre el Ministerio de Fomento y la Comunitat Autónoma de Baleares, así como la resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación de junio de 2005, dictada por delegación, que ratifica la citada Orden.
• La vigencia de los citados convenios, quedando las partes sometidas a los compromisos adquiridos y a los términos de vigencia que los mismos prevén.
• La Comisión Mixta de Programación, Seguimiento y Control, es el órgano expresamente previsto en los convenios para la resolución de las controversias relativas al cumplimiento y aplicación de los mismos.
De esta forma, Madrid y la CAIB tienen la obligación de sentarse a negociar el futuro de los 333 millones de euros correspondientes a la inversión en carreteras prevista durante los años en litigio, 1998 y 2004. La partida económica comprometida sigue así correspondiente en Baleares, al confirmarse que los acuerdos para su percepción no podían ser anulados unilateralmente por el Gobierno Central.
El conseller de Administraciones Públicas también ha denunciado el impago del dinero correspondiente a las expropiaciones por obras en la red viaria durante el pasado ejercicio y el año en curso, una deuda con los expropiados que suma cerca de 31 millones de euros a fecha de hoy.
