Dudan de la legalidad de Street View y otras aplicaciones de Google

El avance de las nuevas tecnologías evoluciona más rápido que la capacidad de los países para desarrollar un marco legal claro. Balms Abogados señala que “estamos ante un fenómeno relativamente reciente y que todavía no ha entrado a formar parte de la toma de decisiones de nuestros Órganos Jurisdiccionales. Son menos de 10 años los que nos separan desde la implantación de estas nuevas tecnologías, tiempo relativamente escaso para poder exigir de nuestros Tribunales pronunciamientos relativos a supuestos conflictos de intereses entre nuestros conciudadanos y las compañías informáticas”.

En España existen en la actualidad varios procesos abiertos contra este tipo de aplicaciones usadas en el sector de la informática y la telefonía. El gobierno español ha iniciado un procedimiento sancionador contra Google, que podría suponer multas de hasta 600.000 euros si se comprobará que vulneró la citada Ley de Protección de datos, al captar sin autorización datos personales en las redes abiertas de Wifi de ciudadanos españoles a través de su servicio Street View, y en un juzgado de Madrid, se citó el año pasado al representante de Google en España, a raíz de una denuncia interpuesta por la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas, por este mismo tema.

Europa se pronuncia

En muchos países europeos se ha puesto en tela de juicio la legalidad de estas aplicaciones, abriendo en muchos casos procedimientos legales y sancionatorios contra Google y su herramienta Street View, una de las aplicaciones de geolocalización más populares.

En Francia, la Comisión Nacional de las Libertades Civiles e Informáticas determinó que Google, por medio de su aplicación Google Street, había recolectado más información de la que era necesaria para el correcto funcionamiento del Servicio, obligándole al pago de 100.000 euros como sanción.

En Italia los vehículos de Google deben ser identificados de forma clara y visible, para que todos los ciudadanos puedan saber dónde están operando y así tomar las precauciones que crean convenientes. Además, Google debe anunciar, al menos en dos periódicos locales, con un mínimo de tres días de antelación, la ruta que seguirán los vehículos que realizarán las fotografías.

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