Gallardón muestra su “revolución” judicial

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha comparecido, por primera vez y a petición propia, ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde se ha comprometido a garantizar la despolitización del órgano de gobierno de los jueces. Para conseguirlo, el titular de Justicia ha propuesto a los grupos parlamentarios poner fin al sistema de cuotas en la elección de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial.

Una reforma para la que será necesaria la elaboración de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial en la que se modifique el mecanismo de elección de los miembros de este órgano de gobierno, de forma que a partir de la entrada en vigor de la nueva norma, las Cortes escojan a ocho de los veinte vocales del CGPJ y los doce restantes sean seleccionados por y entre los magistrados de la carrera judicial.

Pero esos ocho vocales, según ha apuntado Ruiz-Gallardón, no podrán ser objeto de intercambio político. Se ha de volver al acuerdo que establece la Constitución y que cada uno de ellos sea elegido mediante el consenso por los grupos parlamentarios.

El otro gran objetivo de la legislatura es situar a la Justicia al servicio de la recuperación económica. “Si actuamos con prudencia, si identificamos adecuadamente los problemas, si planificamos ordenadamente las inversiones y gastos a realizar, y si dotamos a la Administración de Justicia de una organización moderna y eficiente, conseguiremos el objetivo de que la Justicia española sea, en tiempos de crisis económica, un verdadero motor de la economía nacional”, ha asegurado el ministro en su intervención. Esta será una legislatura “consagrada a la gestión”, para lo que será necesaria una “transformación”, ha añadido.

El titular de Justicia ha apuntado al “exceso de litigiosidad” del sistema judicial como uno de los principales problemas a combatir. En ese sentido, ha apostado por “encontrar fórmulas que contribuyan a disminuir de forma razonable el elevado índice de litigios que anualmente se acumulan en juzgados y tribunales”.

Consciente de la “ingente cantidad de recursos financieros -estimada en decenas de miles de millones de euros- que se encuentran pendientes de que se dicte resolución definitiva en los correspondientes pleitos”, Ruiz-Gallardón ha propuesto adoptar “las medidas que sean precisas para que todos esos recursos inmovilizados en los tribunales reviertan lo antes posible al circuito económico, a fin de obtener el máximo beneficio para la economía nacional”.
Gallardón
EFE

Para agilizar los procesos, uno de los objetivos básicos es la modernización de la Justicia, donde no debe confundirse la digitalización masiva con los expedientes electrónicos. El Ministerio creará una Agencia que se encargue de la coordinación de los sistemas informáticos y de comunicación de las distintas administraciones para que todos los datos y registros sean compatibles y estén conectados en red.

Igualmente, para modernizar la Administración de la Justicia y moderar los abusos en el acceso a los órganos judiciales en segunda instancia, el ministro ha propuesto una revisión de las tasas y los depósitos judiciales ya existentes. El fin no es otro que no prolongar indebidamente el tiempo de resolución de los procesos, sin perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva.

En su comparecencia parlamentaria, Ruiz-Gallardón también ha recordado que la Constitución no admite la amnistía como indulto de carácter colectivo y que tan solo reconoce el ejercicio de derecho de gracia con carácter individual y con sujeción a ciertos requisitos. Así, ha subrayado que “cualquier medida estaría sujeta, en todo caso, a los factores particulares de cada recluso, y entre ellos la petición individualizada de petición de perdón y ánimo de reparación a las víctimas”.

“No vamos a permitir”, ha destacado el ministro, “que los enemigos de la democracia aprovechen los mecanismos de esta en su contra” y ha garantizado que el Gobierno seguirá “trabajando para conseguir la disolución de ETA, de todas sus estructuras, de todos los medios de cualquier índole que puedan estar a su disposición”.

Durante su exposición, el ministro Ruiz-Gallardón ha anunciado la presentación de nuevos proyectos legislativos así como la reforma de otros ya en vigor.

Nuevos proyectos legislativos

Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial: Se reformará el sistema de elección de modo que doce de sus veinte vocales sean elegidos de y entre jueces y magistrados de todas las categorías y se delimitarán las competencias del Pleno y de las distintas comisiones para agilizar el funcionamiento de este órgano. Se potenciarán los principios de mérito y profesionalidad en la promoción de la carrera judicial. Se delimitarán las competencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y se recuperará el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía.

Nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial: el Ministerio entiende que es necesario actualizar el concepto de partido judicial, que ha quedado obsoleto porque responde a una realidad muy distinta a la actual.

Nuevo Código Mercantil: El objetivo de esta nueva norma es materializar el compromiso expresado por el presidente del Gobierno sobre la necesidad de garantizar la unidad de mercado y redundar en una competitividad real. No solo integrará en un único cuerpo legal la dispersa legislación mercantil existente, sino que, además, la completará y modernizará adaptándola a las exigencias de la nueva realidad económica.

Nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal: Por su envergadura, es un proyecto de legislatura para actualizar una ley original del siglo XIX. La nueva norma ordenará los plazos del secreto de sumario, el control de las conversaciones telefónicas, el derecho de todo condenado a la revisión del fallo condenatorio por un Tribunal superior y el papel de la policía judicial, entre otros. Al tiempo que se garantiza la independencia del Ministerio Fiscal en su marco de actuación , se incrementará el papel del fiscal en la instrucción en los procesos de urgencia o en aquellos que supongan una investigación mínima, sin perjuicio de la labor del juez instructor.

Nueva Ley de la Jurisdicción Voluntaria: Será un medio eficaz para desjudicializar y reducir el volumen de asuntos de naturaleza no estrictamente jurisdiccional tradicionalmente encomendados a los jueces. Se reordenarán las competencias de jueces y secretarios judiciales y los procedimientos en materia de derechos reales, obligaciones, sucesiones, derecho mercantil y marítimo pasarán a notarios y registradores.

Nueva Ley de Mediación: Se convertirá en una oportunidad para avanzar en la modalidad alternativa de solución de conflictos. Actualmente no existe ninguna norma general que regule de manera sistemática la mediación en el orden civil y mercantil.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado una reforma de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo para exigir el consentimiento paterno en los casos de las menores de edad que quieran abortar.

Así lo ha anunciado Ruiz-Gallardón en su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, en la que ha recordado que la ley actual fue aprobada “sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos” y ha señalado que la reforma se inspirará en la defensa del derecho a la vida según la doctrina ya definida por el Tribunal Constitucional.

La ley vigente desde julio de 2010 no exige el consentimiento paterno, pero sí que los progenitores sean informados de que sus hijas de entre 16 y 17 años van a interrumpir su embarazo, siempre que éstas no aleguen peligro de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o una situación de desarraigo o desamparo.

Otro de los puntos expuestos por el ministro es la posible instauración de la pena de prisión permanente revisable, configurada como una pena excepcional para supuestos muy restringidos pero que han alcanzado el máximo grado de repulsa social.

Se abordará con la máxima prioridad la reforma de la multirreincidencia de forma coordinada con el Ministerio del Interior.

Introducción de un sistema de juicios rápidos en el orden civil, a semejanza del que tanto éxito ha tenido en el ámbito penal.
Reforma del Estatuto de las Víctimas para garantizar los derechos de las víctimas de cualquier tipo de delito. Una reivindicación que ha crecido en los últimos años y que se corresponde con el completo abandono de la víctima en el ámbito normativo. Se reestablecerá su derecho a estar informado de la situación procesal del autor del delito y de su paradero hasta el final de su condena, y se establecerán fórmulas para eludir el pago de las indemnizaciones.
Introducción de una nueva regulación en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor por la cual se unificará la investigación y el enjuiciamiento en los casos de delito grave en los que estén implicados mayores y menores, sin que esto suponga una merma de los derechos del menor.

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