Bicipalma se amplía también para los turistas

La Junta de Gobierno ha aprobado hoy inicialmente el proyecto de creación del servicio público local de préstamo de la bicicleta pública, para darle la cobertura legal que no tenía hasta ahora.

El portavoz municipal, Julio Martínez, explicó que Bicipalma se puso en marcha durante la pasada legislatura sin ninguna documentación para aprobar el servicio, por lo que el actual equipo de gobierno ha tenido que aprobarlo empezando desde cero, después de trabajar en ello durante algunos meses. Así, la Junta de Gobierno también ha tenido que aprobar inicialmente otros aspectos como el reglamento de uso de la bicicleta pública, la memoria de los aspectos sociales, financieros, técnicos y jurídicos del servicio, además de la Ordenanza que regulará el precio público de Bicipalma.

Las principales novedades que se introducen en Bicipalma son que el servicio se amplía a los turistas y que pasará a ser de pago.

Los residentes que tengan tarjeta ciudadana deberán hacerse un abono, que puede ser anual (24 euros), por seis meses (15 euros), tres meses (nueve euros) o por un mes (cuatro euros).

Los turistas, que deberán inscribir por Internet, pagarán 12 euros por el abono de cinco días y nueve euros por el abono de tres días, con tarjeta de crédito.

Estos abonos dan derecho al uso gratuito de la bicicleta pública por un tiempo de hasta 30 minutos por trayecto, “de acuerdo con la voluntad del equipo de gobierno de favorecer y promover los trayectos cortos para este medio de transporte “, según afirmó Martínez. En trayectos mayores, hasta 60 minutos el coste será de 50 céntimos; entre 61 y 90 minutos, un euro; y entre 91 y 120 minutos, 1,50 euros.

La normativa también regulará las infracciones y sanciones correspondientes al uso inadecuado del servicio. Por ejemplo, el hecho de no devolver la bicicleta tiene prevista una sanción de 150 euros.

Según el proceso de tramitación en el Ayuntamiento, ahora la oposición tiene 10 días para presentar una propuesta alternativa, a continuación, el proyecto se llevará al plenario para su aprobación inicial, y tras un periodo de exposición pública de 30 días se aprobará definitivamente en el Pleno. De esta manera, entrará en vigor en unos dos meses.

La Sociedad Municipal de Apartamentos (SMAP) continuará haciéndose cargo de la gestión de este servicio.

Modificación de tasas

Los miembros de la Junta de Gobierno también han acordado las tasas acordes con un uso más moderno del patrimonio municipal, como es el caso del Castillo de Bellver, que, según ha explicado Martínez, su coste de mantenimiento debería autofinanciarse. De esta manera, se estipulan unos precios para la celebración de conferencias y actos en la capilla, el patio y la galería, además de tasas para sesiones de fotos o filmaciones en el recinto del Castillo, que hasta ahora no estaban reguladas.

En cuanto a las tarifas de acceso al Castillo, a partir de ahora, pasará a ser gratuita la entrada para los menores de 14 años (que hasta ahora tenían que pagar), y seguirán teniendo entrada gratuita los grupos escolares, de personas mayores o personas con discapacidad. Se elimina la gratuidad para residentes los sábados y la gratuidad general en domingos y festivos. La entrada será de 2,50 euros para residentes y de 4 euros para turistas.

También se regulan los precios públicos de uso de las instalaciones del Centro Flassaders de una forma más adecuada a las necesidades reales de los usuarios.

Certificado de residente

Los certificados de residente, a partir de la aprobación de las nuevas tasas, serán gratuitos si se solicitan por Internet, de acuerdo con la voluntad del equipo de gobierno de promover las nuevas tecnologías, y porque suponen un menor coste para el Ayuntamiento.

Los certificados de residente tramitados en las Oficinas de Atención al Público (OAC) tendrán un coste de 1,25 euros, una medida con la que se pretende incentivar la implantación de la administración digital.

Ocupación de vía pública

Las solicitudes de ocupación de la vía pública pasarán a regularse según los trimestres naturales. Así, como ha explicado el portavoz del equipo de gobierno, por ejemplo, si un establecimiento solicita la ocupación en el mes de marzo, hasta ahora tenía que pagar dos trimestres, y ahora pasará a disponer de permiso los meses de marzo, abril y mayo.

Moratoria de conocimientos de catalán

La Junta de Gobierno también ha acordado una moratoria de dos años en la exigencia de determinados conocimientos de catalán a los funcionarios y empleados públicos en relación a la Ley de Función Pública del anterior Govern, hasta que se conozca la nueva normativa que tiene previsto aprobar el Parlament balear para modificar esta exigencia. Julio Martínez ha afirmado que esta decisión responde a la prudencia, y que “no tiene sentido cesar a un funcionario por no tener determinado un nivel de catalán que luego se rebajará”. Martínez ha reafirmado el compromiso del equipo de gobierno con el bilingüismo, atendiendo al principio que el ciudadano es quien elige la lengua en que quiere comunicarse con la Administración.

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