El Gobierno suprime ochenta sociedades mercantiles públicas

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de restructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional estatal, con el fin principal de configurar un sector más reducido, más racional y más eficiente inmerso en el actual contexto de austeridad y necesidad de control del gasto público.

Se ha iniciado un proceso de reorganización del sector público empresarial y fundacional, bajo los principios constitucionales de la eficiencia, la economía y la estabilidad presupuestaria.

A través de este proceso, se da un primer paso para evitar la huida del Derecho Administrativo con el propósito de escapar de los controles presupuestarios, del gasto, del régimen patrimonial y de contratación y, especialmente, del régimen retributivo funcionarial.

El Gobierno busca un sector público empresarial más racional y simplificado, al tiempo que sirva de estímulo para actuaciones similares en el ámbito de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales. Es una medida de austeridad que se suma a las ya iniciadas en materia de retribuciones salariales en el sector público, en la reducción del número de consejeros y de directivos.
Propuestas de actuación

En su conjunto, el Plan aprobado por el Gobierno contempla la supresión, desinversión o agilización de la liquidación de un total de ochenta sociedades mercantiles. En primer lugar, se prevé la extinción de veinticuatro sociedades mercantiles estatales (aquellas en las que la participación pública estatal es mayor del 50 por 100), entre las que se encuentran la Sociedad Estatal para la Venta de Acciones de Loterías y Apuestas del Estado (SEVALAE),Ingeniería y Servicios Aeroespaciales, S.A. (INSA),Remolques Marítimos, S.A. (REMOLMAR), Aguas de la Cuenca del Norte, S.A. (ACUANORTE) y Aguas de las Cuencas del Sur, S.A. (ACUASUR), para las que se prevé su fusión con Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A. (ACUAEBRO), o la Sociedad Pública de Alquiler (SPA).

También se contempla la desinversión a través de la venta de acciones en otras ocho sociedades, como es el caso de Olimpic Moll, Colonización y Transformación Agraria (CYTASA).

El acuerdo contiene, además, un impulso en la liquidación de otras trece sociedades mercantiles que en estos momentos se encuentran inmersas en un proceso de estas características, como es el caso de Barcelona Holding Olímpico o Izar.

En lo que se refiere a sociedades mercantiles en las que la participación pública estatal es minoritaria, se prevé la desinversión de esa participación en 35 sociedades.
Ahorro de consejeros

Con este conjunto de medidas el número de consejeros que se suprimirán del total de sociedades mercantiles estatales se eleva a 154, lo que generará un ahorro económico de 1.083.998 euros al año.
Plan de redimensionamiento

El Acuerdo de Consejo de Ministros también contempla un mandato para los consejos de administración de las sociedades afectadas para aprobar un plan de redimensionamiento en el que deberá analizarse la adecuación a la nueva situación de las estructuras organizativas, laborales o inmobiliarias, sin que, en ningún caso, pueda haber un incremento alguno en la masa salarial.

Se prevé el traspaso de la titularidad de las acciones de la Sociedad de Correos, S.A. desde la Dirección General del Patrimonio del Estado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), al considerar que las características de esta última se ajustan mejor a las de la empresa.
Medidas a largo plazo

Junto a las propuestas descritas, que en su gran mayoría deberán ser puestas en marcha en un corto plazo, el Gobierno se propone a más largo plazo abordar una reorganización en profundidad del sector público empresarial. A este respecto, el acuerdo prevé la creación de dos grupos de trabajo que tendrán por objeto la presentación de propuestas de implantación, siguiendo los criterios de la OCDE, de un mecanismo de supervisión financiera centralizado.

Se perseguirá la concentración de la totalidad de las participaciones empresariales dependientes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tanto de la Dirección General del Patrimonio del Estado como de SEPI, en un solo órgano o entidad, al tiempo que se estudiará la posible transformación de sociedades mercantiles a otra forma jurídica más adecuada a la naturaleza de sus funciones.

También se aborda la racionalización del sector público fundacional estatal mediante diversas operaciones de supresión o fusión de fundaciones.

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