La Directora de Justicia de Antich, Marta Diez, “se fundió” en cinco meses 84.700 euros, sin tener las competencias de Justicia transferidas

El diputado del Grupo Parlamentario Popular Fernando Rubio ha denunciado hoy en el Parlament numerosos ejemplos de “falta de ética y transparencia” del anterior Govern, formado por el PSIB y el PSM, “que intentan presentarse ante los ciudadanos como garantes de la buena gestión pública, y quedan retratados”. Entre los numerosos casos citados por Rubio, destaca que la ex directora de Justicia del Govern de Antich consiguiese una plaza de letrada del Consell de Ibiza ejerciendo su cargo político. “¿No ve ahí un conflicto de intereses claro? Que la convocatoria para concurrir al examen de oposición y al posterior concurso de méritos fuera cuando ocupaba el cargo de directora general en la Conselleria de Interior, por cierto Conselleria en la que se gestionaba la Función pública de la CAIB. No parece muy ético esto, ¿a usted se lo parece?”, ha preguntado Rubio al diputado socialista Antoni Diéguez.

“Sr. Diéguez, que dicha directora general no era un buen ejemplo de nada en su gestión. ¿Sabía usted que en los cinco primeros meses de 2011 esta Sra. hizo un total de 33 viajes, una media de seis al mes, que costaron 9.104 € de los cuales 1.050 fueron dietas? ¿En qué página web se publicó todo eso? Sabía usted que tan solo en cuatro viajes se gastó 829 € en pernoctación, esto es 138,7 € la noche. Sabía usted que a parte de los 22.000 € de indemnización por residencia, esta señora se gastó en 2010 otros 20.828 € en dietas y viajes, la mayor parte a Ibiza, su isla de residencia. ¿Donde se publicaron esos gastos Sr Diéguez? Sabía que además se gastó unos 8.000 euros en taxis y restaurantes en 2010 y parte de 2011?” le ha espetado Rubio al Grupo Socialista.

El diputado popular ha hecho hincapié en otro uso fraudulento del dinero público por parte de la ex Directora General: “Y que me dice de los gastos que esta señora hizo en concepto de jornadas formativas. En tres jornadas de dos días se gastó ni más ni menos que 36.267 €, esto es 6.069 euros diarios. Y se gastó 7.255 € en comidas, cenas y meriendas durante dos jornadas de reducción de litigiosidad.”.

“Finalmente, entre el 11 de Enero y el 25 de mayo 2011, esta señora se pulverizó 84.700 €. Un verdadero escándalo si además tenemos presente que la Dirección General de Justicia no tenía ni tiene las competencias de justicia transferidas”, ha concluido el diputado popular.

El fraccionamiento de la contratación de manera constante y reiterada durante los años 2008, 2009 y 2010 como certifica la Sindicatura de Cuentas, para evitar los procedimientos; la contratación de programas informáticos de miles de euros sin concurso público alguno basándose en una exclusividad técnica que no era tal; que el ex gerente de GESMA se gastase 180.000 € en masters para su equipo directivo, en ESADE, casualmente lugar en el que trabajaba este, o que la Conselleria de Interior contratara a un consultor de Badajoz por unos 30.000 euros para que preparase una agenda de contactos a realizar durante un viaje a Colombia y Panamá, a través de un negociado sin publicidad, son otros de los numerosos ejemplos que ha citado Rubio de incumplimientos de la Ley de Buen Gobierno por parte del Govern anterior.

El Grupo Parlamentario Popular ha lamentado la manera en la que el anterior Govern tramitó la Ley de la buena administración y del buen gobierno, por ser aprobada el último año de la legislatura, con prisas y sin el debido detenimiento para hacer una ley efectiva y técnicamente bien diseñada. De esta manera, a la moción del Grupo Socialista, el GPP ha presentado una alternativa, con el objetivo de que esta ley balear se adapte a la Ley de Transparencia que se está tramitando en la actualidad en el Congreso de los Diputados. “Un marco normativo en el que se regule un gobierno honesto, transparente, un gobierno de calidad, ágil y flexible, que elimine los trámites innecesarios y que de participación y seguridad jurídica a los ciudadanos”.

La alternativa ha sido rechazada por el Grupo Socialista, por lo que la moción no ha salido adelante, al contar con los votos en contra del Grupo Popular.

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