El GOB solicita al Parlament que no permita la urbanización de las áreas protegidas

En estos momentos el Parlament de las Islas Baleares tiene sobre la mesa la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del Decreto Ley 2/2012, de 17 de febrero, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible. Los diferentes partidos han presentado sus enmiendas a este proyecto de ley, y pronto se incluirá en el orden del día del pleno del Parlament su deliberación y aprobación definitiva.

El escenario para la tramitación de este nuevo proyecto de ley deriva de un decreto-ley ya en vigor, que justifica para el Govern, no para el GOB, la ausencia de diálogo, debate y participación a la urgencia de la intervención para dar “seguridad jurídica” a los inversores y dinamizar la economía.

El GOB considera que lejos de implicar un escenario de seguridad jurídica, el decreto-Ley ha representado un ataque frontal al establecimiento de este escenario único y de referencia que tenía que ser la ley del suelo. “El decreto-Ley, afirman desde el GOB, impulsa todo el contrario, una inseguridad jurídica insostenible. El texto está lleno de ambigüedades e indeterminaciones que dan lugar a interpretaciones diversas, muy peligrosas en el ámbito del urbanismo y la ordenación territorial. De hecho, las consecuencias que se pueden derivar de la entrada en vigor del decreto-Ley ya se han puesto de manifiesto en el caso de Andratx, donde, gracias a la disposición transitoria primera del decreto-Ley se abre la puerta a urbanizar espacios protegidos, como es el caso de Cala Blanca, el Ayuntamiento de Andratx tiene previsto recoger el desarrollo urbanístico de esta área protegida a través de una modificación de las NNSS”.

Para el GOB Cala Blanca es sólo el principio y evidencia que esta Disposición Transitoria es una posibilidad de revitalizar aquellos antiguos urbanizables protegidos por la Ley 4/2008 o por otras normas: Cala Blanca, Monport, Muleta, Cala Carbó, Es Guix,…. Además, el decreto-Ley ahora en vigor permite, a través de su articulado, facilitar nuevas edificaciones, revitalizar urbanizaciones paralizadas, y flexibilizar el requisito para que un terrenos sean urbano y para modificar el planeamiento urbanístico.

El proyecto de ley que ahora se encuentra en tramitación parlamentaria, genera una fuerte y creciente inquietud en el GOB “por las implicaciones que puede llegar a tener y por el hecho que puede representar un nuevo impulso a la degradación y urbanización de nuestros espacios naturales y rurales y amenazar la preservación de aquellas áreas con valores ecológicos y paisajísticos relevantes”.

Por todo esto, el GOB se ha dirigido a la Comisión de Peticiones del Parlamento y a su presidente con objeto de insistir en la necesidad de recuperar la integridad de una ley tan trascendente como la Ley 4/2008, volviendo a recuperar la protección de aquellas áreas que ahora se pretenden recuperar para la urbanización injustificadamente.

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