En estos momentos el Parlament de las Islas Baleares tiene sobre la mesa la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del Decreto Ley 2/2012, de 17 de febrero, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible. Los diferentes partidos han presentado sus enmiendas a este proyecto de ley, y pronto se incluirá en el orden del día del pleno del Parlament su deliberación y aprobación definitiva.
El escenario para la tramitación de este nuevo proyecto de ley deriva de un decreto-ley ya en vigor, que justifica para el Govern, no para el GOB, la ausencia de diálogo, debate y participación a la urgencia de la intervención para dar "seguridad jurídica" a los inversores y dinamizar la economía.
El GOB considera que lejos de implicar un escenario de seguridad jurídica, el decreto-Ley ha representado un ataque frontal al establecimiento de este escenario único y de referencia que tenía que ser la ley del suelo. "El decreto-Ley, afirman desde el GOB, impulsa todo el contrario, una inseguridad jurídica insostenible. El texto está lleno de ambigüedades e indeterminaciones que dan lugar a interpretaciones diversas, muy peligrosas en el ámbito del urbanismo y la ordenación territorial. De hecho, las consecuencias que se pueden derivar de la entrada en vigor del decreto-Ley ya se han puesto de manifiesto en el caso de Andratx, donde, gracias a la disposición transitoria primera del decreto-Ley se abre la puerta a urbanizar espacios protegidos, como es el caso de Cala Blanca, el Ayuntamiento de Andratx tiene previsto recoger el desarrollo urbanístico de esta área protegida a través de una modificación de las NNSS".
Para el GOB Cala Blanca es sólo el principio y evidencia que esta Disposición Transitoria es una posibilidad de revitalizar aquellos antiguos urbanizables protegidos por la Ley 4/2008 o por otras normas: Cala Blanca, Monport, Muleta, Cala Carbó, Es Guix,.... Además, el decreto-Ley ahora en vigor permite, a través de su articulado, facilitar nuevas edificaciones, revitalizar urbanizaciones paralizadas, y flexibilizar el requisito para que un terrenos sean urbano y para modificar el planeamiento urbanístico.
El proyecto de ley que ahora se encuentra en tramitación parlamentaria, genera una fuerte y creciente inquietud en el GOB "por las implicaciones que puede llegar a tener y por el hecho que puede representar un nuevo impulso a la degradación y urbanización de nuestros espacios naturales y rurales y amenazar la preservación de aquellas áreas con valores ecológicos y paisajísticos relevantes".
Por todo esto, el GOB se ha dirigido a la Comisión de Peticiones del Parlamento y a su presidente con objeto de insistir en la necesidad de recuperar la integridad de una ley tan trascendente como la Ley 4/2008, volviendo a recuperar la protección de aquellas áreas que ahora se pretenden recuperar para la urbanización injustificadamente.
