Cáritas advierte que la reforma sanitaria de Rajoy aumenta la estigmatización de los colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión social

La Comisión Permanente de Cáritas analiza las consecuencias de la reforma sanitaria aprobada por el Congreso sobre el derecho a la salud de las personas más desprotegidas en una Declaración titulada “El acceso a la asistencia sanitaria es un derecho humano básico”.

La Comisión se hace eco de la honda preocupación suscitada en el seno de la Confederación Española, de la que Cáritas Mallorca forma parte, por el impacto que tendrá en las personas que acompaña la aplicación de esta reforma. De entrada la Comisión alerta del riesgo que determinadas decisiones se puedan estar llevando a cabo sin evaluar previamente y suficientemente el impacto de estas medidas sobre el sistema de garantía de derechos sobre la que se sustenta nuestra sociedad, ni de su repercusión en los ciudadanos más vulnerables, de los cuales el Estado también es garante.

La Comisión Permanente de Cáritas opina que la reforma supone un cambio de modelo que afecta fundamentalmente a las personas más desprotegidas, aumentando la estigmatización de los colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión social. Por ello indica que la exclusión del sistema sanitario de las personas migrantes en situación irregular añadirá un sufrimiento muy severo a un colectivo especialmente vulnerable y muy presente en la acción de Cáritas, que no puede ser sacrificado con el argumento de la eficiencia. Así es como recuerdan que el incremento de la irregularidad sobrevenida por la falta de empleo y la dificultad en la renovación de autorizaciones o de acceso al arraigo hace que el colectivo de personas en esta situación crezca cada día.

Una especial preocupación de la Comisión Permanente de Cáritas es la que sufren las mujeres migrantes víctimas de violencia o de explotación sexual, todas en situación irregular, ya que su exclusión del sistema agrava y dificulta la prevención, detección, asistencia y protección de las víctimas que, además no podrán aportar pruebas imprescindibles para que un tribunal pueda o no disponer una orden de alejamiento o una medida de protección a la víctima poniendo en riesgo su seguridad y la de sus familias.

El riesgo de precariedad aumenta tanto en los casos de las personas afectadas por una discapacidad como en los enfermos crónicos o los que necesitan un tratamiento oncológico, sobre todo porque se corre el riesgo de la aplicación de criterios dispares por parte de las Comunidades Autónomas, la lo que propiciaría la desigualdad en función del lugar de residencia.

En lugar de favorecer la articulación de una sociedad de acogida, integrada y diversa, estas medidas alimentan un discurso reduccionista y lleno de riesgos, según el cual las personas migrantes que conviven y forman parte de nuestras comunidades son los responsables del deterioro socioeconómico actual, en verso de considerarlas las primeras y principales víctimas del mismo, tal y como lo comprobamos diariamente en nuestros servicios de acogida y atención de Cáritas.

Finalmente los miembros de la comisión han identificado, con preocupación, el inicio de una dualización del sistema sanitario, que supone ofrecer a los ciudadanos una cobertura distinta según el grupo de población del que uno forma parte. Y señalan que de manera no explícita se están poniendo las bases para que vaya surgiendo un sistema estatal paralelo de beneficencia para las personas vulnerables, que pone en cuestión la garantía del respeto a los derechos humanos y el acceso igualitario a los servicios de atención y asistencia sociosanitaria en todo el territorio y para toda la población.

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