“Conseguir que paguen el IBI los bienes inmuebles propiedad de las confesiones religiosas, cuyo uso no esté destinado al culto” es el objetivo de la moción que los socialistas van a impulsar en todos los ayuntamientos de España en los que cuentan con representación. Una iniciativa que, en palabras del Secretario de Ciudades y Política Municipal, Gaspar Zarrías, busca que “los esfuerzos que todos estamos haciendo: ciudadanos, administraciones, empresas e instituciones” para luchar contra la crisis, “también sean compartidos por las confesiones religiosas, especialmente por la Iglesia Católica propietaria de la inmensa mayoría de estos inmuebles”. Esta fue la decisión que tomó la Comisión Permanente de la Ejecutiva Federal en su última reunión y mandató al responsable de Política Municipal para que pusiera en marcha las iniciativas correspondientes de los socialistas en los Plenos municipales.
Actualmente, la Iglesia Católica está exenta de tributar por el IBI a raíz del Concordato con la Santa Sede (1979), y las confesiones judía, protestante y musulmana también lo están a través de los respectivos Acuerdos de Cooperación (1992). Estos beneficios fiscales totales o permanentes, recogidos a su vez en la vigente Ley de Haciendas Locales, se aplican a templos y lugares de culto, dependencias o edificios anejos destinados a la actividad pastoral o asistencia religiosa, locales destinados a oficinas, casas y conventos de órdenes y congregaciones religiosas.
Sin embargo, los socialistas consideran que “esta exención legal, que sólo está referida a las finalidades vinculadas al culto, debe ser revisada”, ya que en las décadas precedentes se ha realizado una aplicación extensiva de la misma, de forma que ha alcanzado a bienes inmuebles no vinculados al culto y no estipulados por la ley vigente como pisos, plazas de garaje, lonjas,…; e incluso a la exención del pago de las tasas municipales establecidas por los ayuntamientos.
En ese sentido, Zarrías ha señalado que “nosotros apostamos por una legislación que evite privilegios y discriminaciones por razón de convicciones y creencias, y que establezca un tratamiento fiscal de las distintas confesiones igual que el del resto de instituciones”.
Los socialistas –ha dicho el dirigente socialista- “defendemos que la fiscalidad debe ser el mayor instrumento de redistribución económica y social de los poderes públicos y es la manera más directa para que los poderes públicos puedan ejercer la solidaridad, contribuyendo a la cohesión social y a la prestación de servicios públicos a sus vecinos. La regla básica de un sistema fiscal justo es que todos ciudadanos e instituciones deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica.”
“Especialmente en la actual situación de crisis económica que está afectando a nuestro país y que cada vez sufren mayor número de ciudadanos, las instituciones públicas deben de contar con mayores recursos para poder atender a los que peor lo están pasando, los ayuntamientos como administración más cercana a los ciudadanos y que mejor conoce la realidad de sus vecinos son los que están en mejores condiciones de hacer este trabajo indispensable para el mantenimiento de la cohesión social”.
También se ha referido a la política fiscal que está adoptando el gobierno del PP. Zarrías ha criticado que pretenda “condonar las deudas a los que defraudan y aumentar los impuestos a los trabajadores”, a lo que añadió que “ha supuesto un engaño a la ciudadanía al incumplir de plano sus promesas electorales de hace sólo seis meses”. Fruto de esa política “desacertada y equivocada de subida de impuestos, promovida por el Gobierno del PP, es el reciente Real Decreto de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que insta a las Corporaciones Locales a una subida del IBI entre el 4% y el 10% y cuya aplicación obliga a incrementar la presión fiscal sobre los ciudadanos e instituciones”.
Respuesta a Rouco Varela
Gaspar Zarrías ha querido también salir al paso de las declaraciones que días atrás realizó Monseñor Rouco en el sentido de que el pago del IBI por parte de la Iglesia Católica ‘puede afectar a otras acciones de la Iglesia como la que desarrolla Cáritas’.
Zarrías ha pedido a Rouco “que no amenace en nombre de Cáritas, a la que los socialistas reconocemos el trabajo diario y el servicio que, al igual que cientos de ONGs en este país, prestan a miles de ciudadanos”.
Le ha recordado que “son precisamente los impuestos de todos los ciudadanos los que a través de las subvenciones de Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, y administración central permiten a Cáritas hacer la magnífica labor que hacen” y le ha pedido que diga “cuánto ha puesto la Iglesia Católica en los últimos años del presupuesto de Cáritas porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa”.
